La Fiscalía desmonta los argumentos del Govern para retrasar las elecciones catalanas

La Fiscalía de Barcelona ha remitido este viernes al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) su informe relativo al aplazamiento electoral en Cataluña, en el que confirma su rechazo a esta posibilidad y pide mantener la convocatoria del 14 de febrero. Asimismo, desmonta los argumentos del Govern para no celebrar los comicios del 14-F.

Entiende la Fiscalía que «la actual situación de pandemia y de crisis sanitaria» es «la misma que preexistía en la fecha de la convocatoria electoral inicial». Es decir, que poco ha cambiado desde el 21 de diciembre, cuando el vicepresident Pere Aragonès firmó el decreto de la convocatoria ante la ausencia de un president, estando Quim Torra ya inhabilitado.

«Lo único novedoso acontecido es que ha habido un significativo incremento del número de contagios propio de la alta variabilidad de la pandemia, lo que —como señala el tan repetido auto de la sala [contenciosa del TSJC]— era notoriamente previsible en el momento en el que se convocaron las elecciones«, reza el informe de la Fiscalía.

A la espera del TSJC

Este contexto, de aumento de casos de coronavirus en Cataluña, puede prevenirse mediante la adopción y ejecución de una batería de medidas, añade el documento, parafraseando informes de la propia Generalitat sobre el estado de la Covid-19 al momento de convocar las elecciones del 14-F. El Govern todavía dispone de todas estas medidas, concluye.

Por estos y otros motivos, la Fiscalía concluye que debe anularse el decreto de aplazamiento electoral que Aragonès firmó el pasado 15 de enero, de forma que se mantenga vigente el del 21 de diciembre que convocaba los comicios para el 14-F. El TSJC debe tomar una decisión antes del 8 de febrero, aunque es previsible que apure los plazos para hacerlo antes.

De hecho, fuentes cercanas al tribunal han transmitido al diario Ara que es incluso posible que el TSJC tome una decisión este mismo viernes, cuando ya ha comenzado la campaña electoral más atípica, con actos telemáticos y en pleno vigor de las restricciones para frenar la tercera ola de la Covid-19. La presión hospitalaria en Cataluña sigue siendo alarmante.

Principio de seguridad jurídica

El informe de la Fiscalía advierte del «riesgo de inseguridad jurídica» que supondría admitir el aplazamiento electoral decretado por el Govern hace dos semanas, pues ello derivaría en una «situación de anormalidad jurídica e institucional (alegal en palabras de la Sala)» que «podría prolongarse por tiempo indeterminado» en Cataluña.

También corrige el informe a la Generalitat en el tanto su argumento de que en 2020 también se aplazaron por culpa de la pandemia las elecciones vascas y gallegas ignora que los contextos no son comparables. Cuando Galicia y País Vasco retrasaron sus comicios, España estaba confinada y la movilidad totalmente restringida, cosa que no sucede en Cataluña.

Otra diferencia, y otro asunto que rema en contra del decreto del Govern, es que el retraso electoral fue firmado por el vicepresidente en funciones y no por el presidente autonómico, único facultado para ello. El decreto, en fin, «resulta huérfano de toda referencia o remisión alguna a una norma legal que dé cobertura y permita adoptar dicha decisión».