La Fiscalía da su visto bueno a las restricciones de la Generalitat
El ministerio público presente un informe en el que avala la limitación de grupos sociales o las medidas de aforo por la "necesidad de proteger la salud de la población"
El presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, durante un pleno del Parlament. EFE/Enric Fontcuberta
La Fiscalía ha dado un espaldarazo a la Generalitat de Cataluña con su plan de restricciones a partir del próximo 9 de mayo, cuando decaerá el estado de alarma que ha estado vigente durante los últimos seis meses. El ministerio público ha avalado tanto la limitación de las reuniones sociales a un máximo de seis personas como el establecimiento de un aforo máximo del 50% en las ceremonias religiosas.
Los fiscales han presentado un informa favorable ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que se encargará definitivamente de decidir si las medidas se podrán aplicar en la comunidad autónoma a partir del próximo lunes. Los tribunales deberán posicionarse con todas las medidas que afecten a los derechos fundamentales.
La Fiscalía ha admitido en su escrito que este tipo de medidas para frenar la expansión del coronavirus pueden suponer una limitación de la libertad de circulación y del derecho de reunión. Sin embargo, ha dado luz verde a las restricciones siempre y cuando se lleven a cabo de forma proporcionada por la «necesidad de proteger la salud de la población«, según ha publicado la Agencia Efe.
El ministerio público ha defendido que las limitaciones se circunscriban a sectores concretos, áreas geográficas limitadas o aquellas actividades que pueden representar un mayor riesgo de contagio. «La experiencia a nivel nacional e internacional ha demostrado que las medidas preventivas de reducción de la movilidad y contacto entre personas han sido efectivas en la contención de la transmisión de la enfermedad» han justificado.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tendrá en cuenta este escrito, así como el informe de la Agencia de Salud Pública que la Generalitat ha presentado para justificar su mapa de restricciones a partir del 9 de mayo. Con todo ello, deberá optar por avalar las medidas o rechazarlas.
Cataluña no se la juega con el toque de queda
La Generalitat ha solicitado el aval de la justicia para las restricciones relacionadas con la reunión de personas, sin embargo ha decidido aparcar el toque de queda, por lo que a partir del próximo 9 de mayo los ciudadanos no tendrán la obligación de regresar a sus domicilios por las noches. Cataluña se ha alineado junto con Andalucía o Castilla y León para acabar con esta medida lo que le evitará un choque en los tribunales.
Con la finalización del estado de alarma, el mantenimiento de esta restricción de movilidad nocturna ha quedado en el aire en todo el país. Otros territorios como Navarra, Castilla La Mancha, Baleares o la Comunidad Valenciana ya han anunciado su intención de mantenerlo. Su interacción con un derecho fundamental obligará de nuevo a los jueces a posicionarse.
Más allá del toque de queda, la duda en Cataluña radica en qué ocurrirá con algunas de las medidas adicionales que todavía están en marcha como los horarios limitados de apertura de los establecimientos de hostelería. La Generalitat no las ha incluido en su paquete de restricciones presentadas ante la Justicia. Sin embargo, si algún sector afectado decidiera recurrir las medidas ante los tribunales, probablemente tendrían que posicionarse.
Esa situación ya se dio en el País Vasco, incluso durante la aplicación del estado de alarma. Entonces, el Tribunal de Justicia del País Vasco obligó a al Gobierno de Íñigo Urkullu a reabrir los bares y restaurantes que habían sido clausurados por encontrarse en una zona roja de expansión de la Covid-19.
