La Fiscalía cuestiona los toques de queda de las comunidades
El ministerio público aboga por utilizar medidas alternativas como adelantar el cierre del ocio nocturno o controlar la celebración de botellones
Dolores Delgado, la fiscal general del Estado en una conferencia. EFE
A la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie definitivamente sobre la imposición de los toques de queda tras el final del estado de alarma, la Fiscalía General del Estado ya ha empezado a debatir internamente sobre su legalidad. El ministerio público ha apuntado a que cada plan de restricciones debe ser estudiado a nivel autonómico, pero coincide en términos generales en que el confinamiento nocturno tiene difícil encaje constitucional.
La fiscal general, Dolores Delgado, reunió este martes a los 17 fiscales superiores para compartir sus impresiones sobre el debate jurídico que se ha instalado en España después del 9 de mayo. La principal conclusión es que la limitación nocturna de la movilidad es una medida muy restrictiva, debido a su impacto sobre los derechos fundamentales, según ha publicado El País.
Por ese motivo, el ministerio público aboga por la instauración de medidas alternativas que permitan controlar el avance de la pandemia como adelantar el cierre de los establecimientos de ocio nocturno o vigilar las concentraciones de personas en la vía pública mediante las normativas que cada autonomía dispone para evitar los botellones.
La postura no se trata de una directriz concreta, ya que será cada fiscalía autonómica la que deberá valorar la imposición de medidas en sus respectivos territorios, en función de la situación epidemiológica en la que se encuentre y del alcance de las restricciones que hayan elaborado los gobiernos de las comunidades.
En todo caso, esta primera valoración es un punto de presión añadido para el Tribunal Supremo que dispone de apenas unos días para ofrecer un veredicto que sirva para sentar jurisprudencia en toda España sobre las medidas de contención de la pandemia. Deben responder de urgencia al recurso presentado por Canarias y ahora ya conocen la postura general de la Fiscalía General del Estado.
La reunión sirvió además para intercambiar impresiones después de una semana marcada por los desencuentros. No solo ha habido contradicciones en los tribunales autonómicas, sino también entre los diferentes fiscales. La Fiscalía de la Comunidad Valenciana dio su visto bueno al toque de queda planteado por Ximo Puig, mientras que la de Navarra se opuso a la misma iniciativa en su autonomía.
La Fiscalía sí que apoya los cierres de municipios
La Fiscalía General del Estado también se inclina por rechazar los cierres de las fronteras autonómicas de forma generalizada. Ha sido una de las medidas más habituales durante los últimos seis meses para frenar el tráfico de personas entre comunidades, especialmente en puentes festivos. Aunque actualmente ninguna región lo ha solicitado formalmente en sus nuevos planes de choques.
Lo que sí que ve con buenos ojos el ministerio público es el establecimiento de limitaciones de acceso en los municipios pequeños o las áreas sanitarias que presentan una mayor incidencia acumulada de coronavirus. El ministerio público apunta a que esta posibilidad sí que está cubierta por la Ley de Salud Pública de 1986 que facilita algunas de las medidas que están tomando actualmente los gobiernos autonómicos.
De hecho, la Fiscalía de la Comunidad de Madrid ya dio su visto bueno a los confinamientos selectivos por barrios que ha mantenido el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Canarios rechazó el plan para cerrar las islas si entran en una nivel de alerta tres por la Covid-19.
