La Fiscalía busca la inhabilitación de Mas antes de que convoque elecciones

El Gobierno central ha llevado mal todo lo que ha ocurrido desde el 9N. La decisión del President Artur Mas de seguir adelante con la segunda consulta, a pesar de que el Tribunal Constitucional la había suspendido, dejó en un estado de enorme perplejidad al Ejecutivo que preside Mariano Rajoy.

Y, tras varios días de dudas, y de la negativa de la Fiscalía de Cataluña, el fiscal del Estado, Eduardo Torres-Dulce, consiguió el apoyo de la Junta de Fiscales para presentar una querella contra Artur Mas. La idea inicial es que el proceso vaya rápido, y que se pudiera inhabilitar al President antes de que convoque elecciones. Pero ese objetivo se podría complicar.

El propio fiscal del Estado ha mostrado sus dudas en los últimos días, en parte tras comprobar el rechazo que ha causado entre los fiscales catalanes. La Fiscalía de Cataluña consideró que no se habían cometido delitos con las decisiones tomadas para organizar el 9N. Entendieron que no había una base jurídica sólida para ello. Pero no lo ve así la junta de fiscales de sala, que presidió Torres-Dulce este miércoles.

Delito de desobediencia

Ahora, Torres-Dulce, tras obtener el apoyo de los fiscales, presentará una querella en los próximos días contra Mas, la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y la consellera de Educación, Irene Rigau, por los delitos de desobediencia, malversación de caudales públicos, prevaricación y usurpación de funciones públicas.

El fiscal, sin embargo, podría tomar la decisión de presentar la querella únicamente por el delito de desobediencia, tras los encuentros que mantuvo con el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada.

Esa querella se trasladará al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que deberá, primero, decidir si la acepta a trámite, e iniciar un proceso de instrucción que la Fiscalía desearía que fuera rápido.

Y si se consigue, y si se produce una sentencia de inhabilitación, Mas lo tendría complicado para convocar elecciones al Paralment con carácter plebiscitario, siguiendo su deseo de llevar a las urnas a los catalanes antes de las elecciones municipales de mayo de 2015.

El caso Atutxa

Pero esa premura sería excepcional. Existe el precedente del presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa. La Fiscalía y el sindicato Manos Limpias le presentaron una querella por delito de desobediencia a la autoridad judicial.

Atutxa se había negado a cumplir la orden del Tribunal Supremo de disolver el grupo parlamentario del partido Sozialista Abertzaleak, que era Batasuna, y que en ese momento estaba ilegalizado. Tras un largo proceso, de tres años, entre las sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en las que Atutxa quedaba absuelto, y las causas que reabría el Tribunal Supremo, Atutxa fue condenado a un año y medio de inhabilitación para todo cargo público en enero de 2008.

El acicate para Mas

Para Mas, sin embargo, esa decisión puede ser un acicate para conseguir el máximo apoyo a la candidatura que desea encabezar, el llamado partido del ‘sí’. El próximo martes pronunciará una conferencia, a la que ha invitado a la sociedad civil, en la que marcará la hoja de ruta, que pasará por adelantar las elecciones.

Por el momento, la querella fue rechazada por todos los partidos catalanes, salvo el PP. Esquerra la calificó de “gesticulación”, dejando claro que el proceso soberanista debía seguir adelante. Para el PSC se trató de un “gravísimo error”. Los ecosocialistas de ICV, llegaron, incluso, a autoinculparse, y así lo harán ante la Fiscalía, como corresponsables del 9N. Y sólo el PP catalán la apoyó.

Pero Ciutadans y la CUP ofrecieron puntos de vista más interpretativos. Para el diputado de C’s, Matías Alonso, la decisión “llega tarde”, y Rajoy “ha perdido toda la credibilidad”. Según Alonso, “el Estado de derecho estaba de vacaciones y no estuvo, desgraciadamente vigente en Cataluña el 9N”. Ciutadans pidió elecciones cuanto antes como la mejor solución.

¿Pacto entre Rajoy y Mas?

Para la CUP, en cambio, el Gobierno español ha planteado una estratagema en la que se beneficiaría tanto el PP como CiU. Con un cierto malestar, el diputado de la CUP, Quim Arrufat, acusó a la Fiscalía por “personalizar” la causa en Artur Mas, recordando que hubo otros partidos, como la propia CUP, que habían dado cobertura política e institucional al 9N. “Ellos sabrán por qué lo hacen, y se podrían entrever diferentes escenarios”, añadió.

Es decir, más allá del enorme enojo del Gobierno español con Mas, y eso es una evidencia en los círculos de los dirigentes del PP, lo único que habría intentado ahora el Ejecutivo de Mariano Rajoy es salvar la cara, y evidenciar, con la Fiscalía, que la querella se ha presentado para defender el Estado de derecho, y para erradicar la sensación de que Mas está haciendo lo que quiere en Cataluña.

El problema para el Ejecutivo es que, realmente, está haciendo lo que pretendía hacer. Y ahora desea convocar la “consulta definitiva”, como él mismo ha dicho, con las elecciones al Parlament de Cataluña.