La Fiscalía se alinea con el Gobierno en el rescate de Plus Ultra

La Fiscalía de Madrid ha enviado un escrito a la jueza para reclamar que se desbloquee el pago de los primeros 34 millones del rescate público de Plus Ultra. La Audiencia Provincial había suspendido cautelarmente la ayuda a la aerolínea para evaluar si se cumplen todos los requisitos legales.

El ministerio público se ha alineado de esta forma con la Abogacía del Estado y con el propio Ministerio de Transportes que también han reivindicado el desembolso de los fondos procedentes de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI).

La Fiscalía considera ahora que no hay ningún indicio que revele la existencia de los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias o fraude que han llevado a la magistrada instructora Esperanza Collazos a paralizar el proceso de manera cautelar hasta que se verifique.

El ministerio público ha apuntado además que existen mecanismos de control para garantizar la devolución del dinero, ya que las ayudas se formalizan mediante un préstamo participativo. Solo si se incumplieran los plazos de vencimiento supondría un daño real para las arcas públicas.

PP y Vox se quedan solos en la acusación particular por el rescate de Plus Ultra

El escrito advierte además de los informes económicos que plantean la importancia de al inyección económica para garantizar la supervivencia de la aerolínea: «Debe tenerse en cuenta que la necesidad del desembolso del préstamo participativo de 34 millones de euros pendientes de entrega se deduce del plan de viabilidad».

El rechazo del ministerio público deja en el proceso solo a la jueza instructora, que solo cuenta con el apoyo de la acusación popular, encabezada por el Partido Popular y por Vox. Desde que se comunicó el rescate las dos formaciones han iniciado una fuerte oposición contra el Gobierno de Pedro Sánchez por esta maniobra.

El Tribunal de Cuentas también archivó su propia investigación sobre las ayudas al no detectar ninguna responsabilidad contable en la movilización del dinero público por parte de la SEPI. La decisión definitiva estará por lo tanto en manos de la justicia ordinaria.

La jueza ha solicitado a Plus Ultra acceder a sus cuentas para verificar si realmente cumple con todos los requisitos para obtener la ayuda, sin embargo desde la aerolínea se niegan a facilitar esta información y se aferran a los documentos independientes que ya han presentado.

La decisión final marcará el futuro judicial de los 15 miembros del Consejo de Administración de la SEPI que han sido imputados por haber autorizado la operación durante la pandemia.  Entre ellos figura el vicepresidente del organismo público, Bartolomé Lora, que orquestó la operación.