La fiscal investigada por una trama corrupta asciende en su carrera judicial

La fiscal de incapacidades de Madrid, investigada en el marco de una trama que presuntamente se enriqueció con las fortunas de los adultos y mayores incapacitados, ha sido promovida a un cargo de mayor responsabilidad. Nuria López-Mora, que fue denunciada ante el juzgado de instrucción número 8 de Madrid, ha sido promovida a la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, según ha confirmado la Fiscalía a este diario.

La fiscal hasta ahora ha salido airosa de una investigación en la que han estado implicados los miembros de la fundación Afal, exdirectivos de KPMG y una notaria. El juzgado de instrucción número 17 de Madrid imputó a la notaria y a la ex presidenta de la fundación Afal por apropiación indebida, estafa, falsedad documental y falso testimonio.

Otro juzgado de instrucción, el número 8, abrió diligencias previas en la denuncia contra López-Mora. La Fiscalía resalta que la funcionaria nunca ha sido imputada y, según le consta, tampoco está siendo investigada. López Mora optó a un concurso de promoción interna, que ganó de forma automática por ser la funcionaria con mayor antigüedad. No hubo necesidad de concurso.

La relación con Afal

Las familias afectadas aseguran que la trama que presuntamente esquilmaba a los incapacitados tuvo el visto bueno de la fiscal que recomendaba la fundación Afal a los jueces que decidían las tutelas de los supuestos incapacitados. Es la misma versión que sostiene el sindicato Manos Limpias, que la denunció en junio pasado. Abogados contra la Corrupción también pidió su destitución pero la Fiscalía de Madrid, presidida por Manuel Moix, ha defendido las actuaciones de López-Mora.

La relación personal entre la fiscal y la expresidenta de la fundación acusada por apropiarse de la fortuna de los afectados fue desvelada por los correos entre ambas publicados por El País. En ellos, se ponía de manifiesto la relación de amistad entre la fiscal y los responsables» de la fundación que gestionaba las fortunas de los incapacitados. La fiscal siempre ha negado las acusaciones. 

¿Negocio con los tutelados?

Las entidades que gestionan el patrimonio de las personas con discapacidad en Madrid están bajo la mira en Madrid. «Es una práctica sistemática: incapacitan a personas con recursos, nunca a pobres o indigentes, para gestionar su patrimonio o las pagas a las que tienen derecho. A mi hijo, con problemas alimentarios, lo declararon incapacitado y lo han llevado al psiquiátrico San Juan De Dios de Cienpozuelos en contra de nuestra voluntad, donde lo tienen sedado de forma permanente», explica Pilar Castillejo, madre de Juan Pablo Pla-Font Castillejo, que lucha por la tutela de su hijo mayor de edad.

La Agencia Madrileña para la Tutela del Adulto, AMTA, dependiente de la Consejería de Empleo y Familia de la Comunidad de Madrid, tutela a 6.000 personas declaradas incapacitadas. La oposición en la Asamblea de Madrid ha denunciado de forma reiterada la opacidad de las cuentas y de la gestión del patrimonio del organismo. Manos Limpias también acaba de presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por considerar que hay indicios de irregularidades en la gestión del patrimonio de los tutelados.

El ente autonómico se defiende al asegurar que las presuntas irregularidades deben ser demostradas ante los juzgados. Y eso, por ahora, no ha ocurrido.