La Fiscal de Estado se conjura para combatir el independentismo

Advertencia seria, y ante el rey Felipe. La Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, se ha mostrado dispuesta a parar todo intento del movimiento independentista para lograr sus objetivos. En la presentación de la Memoria de la Fiscalía del Estado de 2015, que sirve como inauguración del curso judicial, Madrigal ha acusado a los independentistas catalanes de mostrar «un total desprecio al ordenamiento constitucional».

La Fiscal General del Estado, que jerárquicamente depende del Gobierno, ha sido firme en una especie de conjura para combatir el proyecto soberanista. «En un escenario político y social incierto como el que vivimos, y ante el desafío al Estado de Derecho que con total desprecio al ordenamiento constitucional se plantea desde sectores independentistas, conviene mantener la integridad de la conciencia intelectual, tal como ha hecho el Constitucional en la sentencia del 2 de diciembre de 2015», ha señalado.

Aquella sentencia anuló por unanimidad –importante para el Constitucional para ofrecer una imagen inatacable– la resolución de la cámara catalana porque, a juicio de Madrigal, la construcción del Estado de Derecho «nunca puede producirse al margen de la ley y los procedimientos legales establecidos».

La democracia y la ley

Por tanto, los poderes del Estado actuarán cuando sea necesario, una advertencia, que, aunque oficiamente el gobierno catalán no tiene en cuenta, si podría llevar al presidente Carles Puigdemont a no forzar las cosas, y convocar elecciones antes que un referéndum unilateral de independencia.

En caso contrario, la Fiscalía «actuará ante todos los órganos jurisdiccionales, su fuera el caso».
La Fiscal del Estado ha querido pronunciarse con claridad. «Algunos invocan la democracia y la libertad para proponer el incumplimiento de las leyes y la desatención a las libertades de todos que son la esencia misma de la democracia». Otra cosa es que se pretenda reformar la Constitución, como ha recordado Madrigal, pero sin incumplir en ningún caso, previsamente, las propias leyes.

Politizar la justicia

Otra cuestión que el poder judicial ha querido constatar es su independencia. El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha defendido que el actual Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de todos los jueces, no politiza la justicia, defendiendo «la rabiosa independencia» de los magistrados.

Eso choca, sin embargo, con el propio acuerdo entre el PP y Ciudadanos, que ahora ha quedado en papel mojado después de la imposibilidad de servir para la investidura de Mariano Rajoy, en el que se defendía que fueran los propios jueces los que pudieran elegir a sus representantes, y no el Congreso, como hasta ahora, que, en la práctica, significa que son elegidos por las cúpulas de los dos grandes partidos.