La falta de respuesta de las administraciones provoca la mitad de las reclamaciones a Transparencia

De todas las denuncias contra las instituciones estatales que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) tramitó en 2020, casi la mitad (el 47%) fueron por silencio administrativo. Es decir, porque los órganos del Estado no atendieron en el plazo legalmente establecido las solicitudes de información pública.

Así consta en la memoria de 2020 del CTBG, que tanto en ese documento como en declaraciones de su presidente, José Luis Rodríguez Álvarez, ha lamentado el “elevado número” de reclamaciones por el silencio de la Administración General del Estado. De las 876 denuncias tramitadas en el ámbito estatal, 404 fueron por este motivo.

Si se miran las resoluciones de Transparencia de noviembre pasado, por ejemplo, el silencio de las instituciones estatales fue el motivo más acusado por el que se presentaron reclamaciones contra ministerios como Sanidad —por temas como el comité de expertos de la Covid-19 o los gastos en material de protección— o Derechos Sociales —por los datos de la pandemia en las residencias de mayores—.

Esta indiferencia institucional ante las solicitudes de datos es una de las “disfuncionalidades en la gestión de las solicitudes de acceso a la información pública”, según dijo Rodríguez Álvarez ante el Congreso de los Diputados este pasado jueves. El segundo motivo por el que se presentan reclamaciones ante Transparencia es porque se suministra a los solicitantes información incompleta o parcial (el 22% de las denuncias en el ámbito estatal).

En los casos de silencio administrativo, el reclamante desconoce por qué su solicitud de acceso a la información pública ha sido denegada tras cumplirse el plazo establecido, lo que “dificulta el ejercicio del derecho al acceso [a la información]”, según la memoria de 2020. En ese documento, Transparencia implora a las instituciones que adopten “medidas contundentes” para evitar el silencio administrativo.

Ignorar las peticiones de información no es exclusivo de la Administración General del Estado. En las ocho comunidades autónomas que tienen convenio con el CTBG este también fue el principal motivo de las reclamaciones: el 70,3% de las 724 denuncias en el ámbito territorial que se tramitaron en 2020 fueron por la desatención de las solicitudes de información.

El Estado pierde el 52% de las denuncias

Pese a que durante el primer estado de alarma los plazos administrativos se suspendieron durante dos y meses y medio —lo que devino en un menor número de reclamaciones tramitadas en ese periodo—, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tuvo un 2020 de alta intensidad, especialmente por el aluvión de solicitudes de información relativas a la gestión de la pandemia.

Este organismo público independiente recibió 1.704 reclamaciones en 2020, casi la misma cantidad que en 2019, pese a las citadas dificultades planteadas por el estado de alarma. Rodríguez Álvarez ha estimado que en 2021 tendrán entrada unas 2.000 denuncias por opacidad. De ser así, cerca del 40% de todas las reclamaciones desde 2015 habrían sido presentadas entre 2020 y 2021.

De las 1.704 denuncias recibidas el año pasado, 949 (el 55,7%) fueron contra organismos o entidades de ámbito estatal

De las 1.704 denuncias recibidas el año pasado, 949 (el 55,7%) fueron contra organismos o entidades de ámbito estatal. Casi tres cuartas partes de estas reclamaciones se resolvieron en 2020, y las demás a principios de 2021. En total, contando también denuncias rezagadas de 2019 que se resolvieron el año anterior, Transparencia analizó 876 reclamaciones contra las instituciones del Estado.

De las 717 que fueron admitidas a trámite, 375 denuncias fueron estimadas por el CTBG; es decir, dieron la razón a los reclamantes frente al Estado. Esto supone un 52,3% de resoluciones desfavorables en el ámbito estatal, como lo fueron las relativas a los asesores del Gobierno durante la pandemia o la auditoría independiente de la gestión de la Covid-19, que se anunció pero nunca se cumplió.

De todas las reclamaciones presentadas contra la Administración General del Estado, 55 (el 6,3% del total) fueron por la opacidad del Ministerio de Sanidad. Pero fue el departamento del Interior el que más denuncias enfrentó: 171, el 19,5% del total. El Ministerio de Política Territorial y Función Pública fue objeto de 59 reclamaciones (el 6,7%) y la Presidencia del Gobierno de 47 (el 5,4%).

Tres de cada cuatro reclamaciones ante Transparencia en el ámbito estatal fueron contra departamentos ministeriales. 

Incumplimiento de las resoluciones

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno continúa observando un elevado incumplimiento de sus resoluciones. Esta es una “cuestión particularmente problemática”, en palabras de Rodríguez Álvarez, que ha subrayado que a finales de 2020 más del 30% de las resoluciones del organismo habían sido desacatadas por las instituciones estatales.

No obstante, el presidente del CTBG ha destacado que ese porcentaje ha bajado esta última semana a menos del 20%, debido, a su juicio, a que “el Consejo ha reforzado su política activa de seguimiento en este ámbito, reiterando a los órganos la falta de cumplimiento de las resoluciones e instando a su ejecución. Yo mismo he tratado directamente este problema en mis reuniones con los responsables”.

Pese a la bajada en el incumplimiento de diciembre a junio, el presidente del CTBG ha reconocido que “es evidente que queda mucho por mejorar en este terreno”. En ese sentido, ha pedido al Congreso que en la reforma de la Ley de Transparencia que prevé presentar el Gobierno de Pedro Sánchez se dote al organismo de instrumentos jurídicos que le permitan asegurar el acatamiento de sus resoluciones.