La exministra Delgado consigue que Anticorrupción siga investigando el contrato del hermano de Ayuso
La decisión llega después de que la Fiscalía Europea quisiera quedarse con esta causa en su totalidad porque estudiaba ya una posible malversación debido a que ese contrato se pagó con fondos europeos
Dolores Delgado, la fiscal general del Estado en una conferencia. EFE
Dolores Delgado, la actual fiscal general del Estado (FGE) y exministra de Justicia con Pedro Sánchez, decidió que sea la Fiscalía Anticorrupción quien continúe haciéndose cargo de las diligencias de investigación relativas al contrato que está vinculado a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Esta propuesta debía ser respaldada por la Junta de Fiscales de Sala, y así sucedió este lunes pasado, la junta apoyó por unanimidad la resolución.
El fallo llega después de que la Fiscalía Europea (FE) quisiera quedarse con esta causa en su totalidad porque estudiaba ya una posible malversación debido a que ese contrato de emergencia para la adquisición de mascarillas en plena pandemia se pagó con fondos europeos. De esta manera, en la mencionada Junta, la FGE ha defendido que si bien la parte de la presunta malversación, el fraude a la Hacienda Europea y el cohecho la investigará la FE, los delitos conexos que tienen que ver «con el buen funcionamiento de las administraciones públicas españolas» deben quedarse en Anticorrupción.
Respalda así la propuesta de Luzón, quien en declaraciones a los medios al término de la Junta ha señalado que las diligencias pre procesales de investigación se quedan en su departamento. Concretamente, en el decreto firmado por Delgado se recoge que el pasado 10 de marzo, Anticorrupción informó a la FE de que no encontraba «base indiciaria suficiente en relación con los delitos de fraude y malversación», y remitía a los fiscales europeos copia escaneada de las referidas diligencias de investigación.
Sin embargo, el 16 de marzo los fiscales europeos ejercitaron el derecho de avocación de las diligencias porque la adquisición de mascarillas habría sido financiada íntegramente con fondos europeos. «Invocaba los delitos de fraude a la Hacienda Europea, malversación y, ahora, también cohecho, que podrían perjudicar los intereses de la UE», recuerda Delgado.
No afectan a los intereses financieros de la UE
Así, en los razonamientos jurídicos, la FGE asevera que en este caso «los delitos de negociaciones prohibidas a los funcionarios, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias mencionados por los denunciantes -PSOE, Podemos y Más Madrid- no se encuentran en la esfera de competencia directa de la FE». Por eso, analiza si esos delitos se hallan «indisociablemente vinculados» a los que sí se encuentran en ella.
Cita por ello el reglamento de creación de la Fiscalía Europea para recordar que éste hace descansar en las autoridades nacionales la decisión sobre este particular porque se trata de delitos que no afectan a los intereses financieros de la UE. Y recuerda que se debe distinguir entre indivisibilidad y conexidad de delitos.
«La indivisibilidad obliga a reunir en el enjuiciamiento todos los elementos de un mismo hecho de forma que responda aquélla a la existencia de una única pretensión punitiva cuya resolución no puede fraccionarse. La conexidad, por el contrario, agrupa hechos distintos (…) que por tener entre sí un nexo común es aconsejable se persigan en un proceso único por razones de eficacia del enjuiciamiento y de economía procesal», indica. Y razona que los hechos investigados en el caso del contrato «son diferenciables» y «en modo alguno indivisibles», y añade sobre el cohecho que hasta ahora «no aparecen elementos indiciarios de su comisión; ni se indica posible funcionario perceptor de una supuesta dádiva; ni se reflejan hechos compatibles con esa conducta».
