La estrategia legal de los Pujol, al descubierto: paralizan dos meses la justicia española
Los abogados de la familia ganan tiempo para el ex presidente catalán, al que pretenden salvar con simples multas, y dificultan que el juez Ruz mantenga la imputación a Pujol Ferrusola cuando comparezca en la Audiencia Nacional el 15 de septiembre
Cristóbal Martell, el afamado penalista barcelonés especializado en los trapos sucios de la alta burguesía catalana, ha pertrechado una estrategia legal para salvar a los Pujol que de momento ha logrado paralizar la justicia española durante dos meses. ¿Cómo? Ha forzado a sus colegas en Andorra a presentar una querella sin demandados y un recurso cargado de argumentos políticos con escasas posibilidades de prosperar en los juzgados del Principado, que debatirán si admiten a trámite o no sendos documentos. La justicia española no podrá avanzar mientras en el país pirenaico, poco acostumbrado a tanto trajín, se deciden.
En paralelo caminan dos líneas de actuación: una para defender a Jordi Pujol y otra para proteger a su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola (Pujol Jr). Por ahora, son casos separados. El periplo judicial acaba de empezar para el ex presidente de la Generalitat. La única actuación abierta parte de la titular de la sala de instrucción número 31 de Barcelona, que ha pedido la herencia y la documentación de aceptación para comprobar si el dinero oculto durante tres décadas en Andorra procede del legado de Florenci Pujol. Si las acusaciones particulares ni la Fiscalía logran demostrar el origen delictivo del capital apenas habría caso, según las fuentes consultadas.
Confesión estratégica
La confesión del 25 de julio está más meditada y menos improvisada de lo que parece; tampoco son inocentes ni responden a ningún arrepentimiento los ofrecimientos del propio Pujol, que se puso en manos de “las autoridades tributarias y judiciales”. Esa ha sido la manera de reconocer que tiene un capital hasta ahora oculto y la intención de regularizarlo. Una parte estaría al día gracias a la amnistía de Cristóbal Montoro. Para que se dé un delito fiscal, la Agencia Tributaria debería haber concretado las acusaciones antes de la confesión pública. Ahora, si efectivamente el dinero no procede de la etapa política de Pujol, el asunto deberá despacharlo Hacienda con simples multas y los intereses de demora.
La demanda sin demandados identificados que se registró este martes juega un papel fundamental para asegurar esta salida. Aunque Andorra ha colaborado con Hacienda al facilitar en mayo los titulares de las cuentas sospechosas, Martell paraliza ahora ese flujo de intercambio de datos con otros investigadores, como la UDEF, y evita que se acumule más información que ayude a concretar posibles delitos relacionados con el blanqueo de capitales, el tráfico de influencias e incluso la malversación de fondos públicos. El tiempo ganado en Andorra servirá a Pujol para pactar y zanjar el asunto como lo haría otro contribuyente con discrepancias abiertas en la Agencia Tributaria. Cabe recordar que el fundador de Convergència ya está citado.
Bloquear al juez Ruz
Capítulo aparte merece la defensa de Pujol Jr. En este caso, la Audiencia Nacional mantiene abiertas las investigaciones. El juez Pablo Ruz citó al primogénito y su ex pareja, Mercè Gironès, el próximo 15 de septiembre como imputados por blanqueo y, esta vez sí, delito fiscal. La condición judicial está cogida por los pelos, según diversas fuentes. El magistrado admite en su escrito que asignó el estatus a ambos tomando como referencia el comunicado autoinculpatorio de Pujol padre. En la misma resolución pedía a Andorra datos concretos sobre sus cuentas con los que completar los informes que Hacienda le había remitido meses antes.
El recurso diseñado por Martell para frenar la comisión rogativa se agarra a la persecución política como principal argumento. Tiene pocas posibilidades de prosperar pero logrará que Ruz interrogue al mayor de los hijos Pujol y su ex mujer sin la información complementaria que precisa para sostener la imputación con una base objetiva más sólida. Andorra tiene, por tanto, la pelota en su tejado. Sólo puede desmontar esta fina estrategia acelerando los plazos y tomar una decisión sobre la querella y el recurso sin agotar los dos meses que tiene para meditar. Si admiten los escritos de Martell, el tiempo ganado será aún mayor.
