La Escuela Bilingüe presiona al TSJC para que obligue a cumplir el 25% de castellano
La entidad plantea al TSJC que lleve la actuación de la Generalitat al Tribunal Constitucional
Exterior de la sede del TSJC / Wikipedia
La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha registrado un escrito en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para obligar a la Generalitat a cumplir la sentencia que fija un 25% de castellano en las aulas. La consejería de Educación ha respondido a la AEB que su petición de ejecución del mandato judicial ya no corresponde, por la reciente aprobación del nuevo decreto de la administración catalana sobre el uso de las lenguas
La Generalitat tiene «un nuevo marco legal»
En un intento de esquivar la acción de la justicia, el departamento dirigido por Josep González Cambray asegura que existe «un nuevo marco legal» para negarse a «adoptar las medidas que sean necesarias para que todos los alumnos reciban su educación en las dos lenguas oficiales: catalán y castellano».
En este sentido, la AEB insiste que la normativa aprobada por la Generalitat «no afecta a ninguna norma que los tribunales explicaron para fundamentar la sentencia del 25%. Frente a «la voluntad manifiesta de desacato» que, según la Asamblea, ha expresado el Govern de Pere Aragonès, se pide al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que plantee una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional.
Los colectivos partidarios de promocionar la enseñanza en castellano entienden que los pronunciamientos judiciales «no obligan a modificar los proyectos lingüísticos, sino a asegurar que las dos lenguas oficiales sean vehiculares». Desde AEB también se recuerda como «no puede haber preferencia inicial a favor de ninguna de las dos lenguas oficiales en la docencia» y se pide «un tratamiento equilibrado del castellano y del catalán, salvo que motivadamente se justifique la razón de desigualdad».
El Consell de Garanties Estatutàries respalda a la Generalitat
El Consell de Garanties Estatutàries, el órgano consultivo encargado de supervisar que las leyes del Parlament y la Generalitat se adapten al Estatut y a la Constitución, respaldó al Govern con un dictamen favorable a la ley de protección del catalán, con la que el ejecutivo de Pere Aragonès ha pretendido esquivar la correcta aplicación del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que fija el 25% de castellano en las aulas.
El Parlament acordó, el pasado 25 de mayo, tramitar con la máxima urgencia la proposición de ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza, impulsada por PSC, ERC, JxCat y comuns, pero el dictamen solicitado por Vox, Cs y PP obligó a aplazar su aprobación hasta el pronunciamiento del órgano consultivo.
