La Diputación de Barcelona gasta más de 50M€ en contratos menores durante la etapa COVID
El organismo supramunicipal destina recursos públicos, sin fiscalización, a tareas de asesoramiento técnico, mantenimiento del espacio público o campañas de promoción
Exterior de la sede de la Diputación de Barcelona / DIBA
La Diputación de Barcelona ha destinado, en el periodo 2020-2021, un total de 153,9 millones de euros a cerrar contratos menores. La presidencia del organismo supramunicipal se encuentra en poder de Núria Marín, alcaldesa de Hospitalet de Llobregat y una de las máximas dirigentes del PSC. El liderazgo de Marín tiene su origen en el pacto de socialistas y Junts, firmado en junio del año 2019, pocas semanas después de la celebración de las últimas elecciones municipales.
Con más de 200 años de existencia, la Diputación es una de las instituciones más codiciadas de Cataluña, después de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona o el Área Metropolitana de Barcelona. Un ejemplo es el presupuesto de 1.060 millones de euros para el actual ejercicio del 2022, con el que se paga al cuerpo de 92 asesores, de libre designación, que se reparten los partidos con representación en el organismo: Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, PSC, En Comú Guanyem, Ciudadanos, Tot per Terrassa y Partido Popular.
Inversión de 53 M€ en contratos menores
Entre los años 2020 (25,3 M€) y 2021 (27,8 M€), marcados por la crisis del coronavirus, la Diputación de Barcelona ha destinado 53,1 millones de euros para cerrar contratos menores. La mayor parte de las operaciones, con menor fiscalización, pertenecen a tareas de asesoramiento técnico, consultoría, mantenimiento del espacio público, proyectos culturales, servicios de comunicación o campañas de promoción, entre otros conceptos
La normativa estatal contempla que el contrato menor “permite responder de forma inmediata y ágil a las necesidades públicas”, siempre con una tramitación administrativa más simple. La misma regulación define como contrato de valor inferior a 40.000 euros en relaciones vinculadas a obras y 15.000 euros en contratos de suministros o servicios.
Aunque históricamente, los contratos menores llevan encima la etiqueta de ser poco claros, los cambios legislativos han reducido los puntos negros. Actualmente, la tramitación de un expediente requiere un informe justificativo de la razón por la cuál, el organismo público necesita ejecutar la contratación a dedo.
Prestación de servicios en ayuntamientos
La justificación de la Diputación de Barcelona para entregar recursos públicos con mayor agilidad es la prestación de servicios en ayuntamientos o instituciones de ámbito local. Como ejemplo, en el balance del 2021, el organismo supramunicipal gastó 17.666 euros en un plan para analizar la calidad del aire en la zona del Vallès Occidental.
Otro ejemplo de similares características son los 13.310 euros abonados a un despacho externo de abogados para crear un modelo de comunidades energéticas. A primera vista parecen cifras muy bajas, pero trabajos de estas cantidades contribuyen a crear un ecosistema de empresas que acaban teniendo la Diputación como su principal cliente. En algunos casos, los dirigentes de los proveedores externos que trabajan para el organismo supramunicipal son exdirigentes de partidos políticos o su entorno.
Durante el año 2020, en el estallido del COVID, todas las administraciones públicas del Estado adjudicaron entre 20.000 y 25.000 contratos de emergencia. De todas las comunidades autónomas, Cataluña fue el territorio que más dinero entregó a través del citado formato, con un valor global de 800 millones de euros.
