La Diputación de Barcelona gasta 5,6 M€ en asesores políticos
Los partidos se reparten 92 cargos de confianza con sueldos de entre 54.800 y 87.000 euros
Exterior de la sede de la Diputación de Barcelona / Diputación de Barcelona
En las últimas semanas, la Diputación de Barcelona celebrará un amplio abanico de actos para conmemorar el 200 aniversario de su constitución oficial, a menos de 365 días de las próximas elecciones municipales. Actualmente, la Diputación es uno de los organismos públicos más codiciados en Cataluña, después de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. La administración supramunicipal, que gestiona un suculento presupuesto de 1.060 millones de euros para el actual ejercicio, es una pista de aterrizaje para afiliados de partidos o dirigentes rebotados de otras administraciones.
La presidenta de la Diputación de Barcelona es Nuria Marín, alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat. Un liderazgo que tiene su origen en el pacto de PSC y Junts, firmado en 2019. El acuerdo provocó un terremoto en el seno del independentismo, porque el acercamiento de los neoconvergentes a los socialistas se interpretó como una maniobra para evitar que ERC asumiera el poder. Desde hace mucho tiempo, los republicanos entienden la Diputación como un trampolín de oro para conquistar el Área Metropolitana de Barcelona.
5,6 M€ para una plantilla de 92 asesores
Los partidos políticos con representación en la Diputación (PSC, ERC, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans, Partit Popular y Tot per Terrassa) se reparten 92 asesores con un coste total de 5,6 millones de euros. Según la ley del organismo, el tope máximo de personal eventual es de 124 cargos.
En la parte alta de la escala salarial encontramos a figuras históricas de la política catalana cómo Antoni Fogué. El expresidente de la Diputación de Barcelona (2008-2011) e histórico dirigente del PSC ejerce de asesor técnico en el área de Presidencia con un sueldo de 83.763 euros anuales. El exregidor del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (1987-2015) es cargo eventual de la Diputación desde agosto del 2015, primero en el área de gerencia y desde el 2017, asesor directo del PSC.
El grupo socialista aplica la misma retribución a Enric Hernández, despedido de los servicios informativos de Televisión Española y ahora asesor de comunicación de Nuria Marín. En Torrespaña, Hernández fue señalado como un comisario político, tanto por los trabajadores como por la oposición a Pedro Sánchez. El periodista catalán hacía y deshacía la programación informativa del medio, en el cargo de director de Noticias, bajo la supervisión de Rosa María Mateo.
El fichaje de Hernández por la Diputación fue un intercambio de favores con Junts, por el cual, el partido que actualmente dirige Laura Borràs y Jordi Turull situaba Antoni Molons en la gerencia de la Xarxa Audiovisual Local. Un organismo que agrupa medios públicos de la Diputación como La Xarxa, plataforma en la cual hace su programa la mujer de Carles Puigdemont.
Pese a las presiones internas de los sectores más radicales, Junts cedió con Hernández por el hecho que, antes, los socialistas ya habían pasado por alto el hecho que Molons está imputado en la causa del Procés que se dirime en el juzgado de instrucción Nº13 de Barcelona.
Un excargo del PDeCAT, vinculada a un presunto tráfico de influencias
Maite Fandos, exregidora del Ayuntamiento de Barcelona por el PDeCAT, es asesora técnica del área de innovación, gobiernos locales y cohesión territorial con unas ganancias de 72.594 euros. En noviembre del 2019, Fandos fue detenida por la Guardia Civil en un presunto caso de malversación y tráfico de influencias.
A partir de unas escuchas telefónicas, un juez sospechó que el PDeCAT habría comprado el silencio de Maite Fandos, acerca de informaciones delicadas del partido, con un cargo en la Diputación. La antigua responsable política de deportes en la capital catalana intentaba encontrar un cargo en la administración pública para mantener los beneficios de su plaza de funcionaria.
PP y Ciudadanos recolocan antiguos diputados del Parlament
La Diputación de Barcelona se ha convertido en el bote salvavidas de Partido Popular y Ciudadanos para recolocar a excargos que se han quedado sin ocupación, a partir de las últimas debacles electorales en Cataluña. En la formación naranja, este capítulo lo lidera Noemí De la Calle. La exdiputada en el Parlament (2015-2020) es asesora de políticas sociales e igualdad con un sueldo de 54.813 euros.
Por su parte, el Partido Popular ha utilizado la Diputación para dar cobertura a destacados exdiputados: Santi Rodríguez y Manu Reyes. En una horquilla situada entre los 54.813 y 72.594 euros, la mayor dedicación de los dos dirigentes es la reconstrucción orgánica de los populares en Cataluña, como hombres de confianza de Alejandro Fernández.
