Una comisión del Colegio de Abogados de Barcelona duda de Marchena
La comisión de derechos de la persona del Colegio de Abogados de Barcelona cuestiona la imparcialidad de Marchena
Una comisión del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) ha denunciado que el juicio del ‘procés’ vulnera una serie de derechos humanos. Cuestiona la imparcialidad del juez Manuel Marchena y su «rol acusador» durante la declaración del mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero.
Este colegio profesional tiene como vicedecano a Jordi Pina, abogado defensor de tres de los acusados en el juicio del ‘procés’: Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez, todos de Junts per Catalunya.
La comisión en defensa de los derechos de la persona y del libre ejercicio del ICAB señaló a Marchena por haber permitido que la Fiscalía preguntara sobre las intervenciones previas al 1-O. Unas cuestiones que Vox, la acusación popular que había propuesto a Trapero como testigo, no había formulado.
Cuando una de estas preguntas fue impugnada por su pertinencia, Marchena aceptó la alegación, aunque él mismo acabó preguntando al testigo «la misma pregunta que había declarado impertinente al fiscal», lo que sorprendió a la comisión de letrados. Desde la mencionada comisión del Colegio de Abogados barcelonés se apunta que situaciones como esta «ilustran perfectamente el conjunto de absurdidades y disfunciones procesales que concurren en el procedimiento».
Quejas por los interrogatorios
Respecto al resto del juicio, la comisión del ICAB sostiene que los interrogatorios a los testigos por parte de las defensas están «induciendo la respuesta» de forma sistemática cuando se formula la pregunta.
Además, el ente colegial critica la «sobrecarga para la resistencia física y psicológica de los acusados, en especial para los que continúan en situación de prisión preventiva», ya que están expuestos a cuatro días de sesión por semana y se mueven únicamente entre el centro penitenciario y el juzgado.
La comisión de abogados considera que la prohibición de exhibir vídeos durante el interrogatorio atenta contra el derecho de defensa de los testigos. Por otro lado, el calendario de la prueba testifical tampoco agrada a los abogados catalanes, que creen que es «arbitrario» y que altera el orden de los testigos preestablecido legalmente. También cree inapropiada la presencia de Vox en los tribunales, partido del que ya ha pedido la expulsión de la causa, ya que considera que su objetivo en el juicio es «visualizar su programa político.
Estas posiciones están en la línea de lo que ha expuesto durante el juicio Jordi Pina, miembro de la junta de gobierno del ICAB, y el resto de abogados de la defensa.
