La CUP también abandona a Puigdemont

Carles Puigdemont cada vez tiene menos respaldos. El movimiento independentista juzga de forma cada vez más severa los proyectos del líder huido, que afronta una semana decisiva con una reunión este lunes con Quim Torra y con la convención fundacional este domingo de su partido, la Crida Nacional per la República.

Puigdemont no sólo aspira a poner en marcha su propio partido este domingo, sino que también desea gobernar su propia institución: el llamado consejo de la república. Este organismo parainstitucional debe ser, según el líder huido, una suerte de «gobierno en el exilio» y, en un principio, debía dar cabida a representantes de Junts per Catalunya, ERC y la CUP.

La CUP, sin embargo, ha aclarado este mismo lunes que no piensa formar parte del invento de Puigdemont. Los antisistema han sido algunos de los más fieles aliados del ex presidente de la Generalitat en los úitimos meses. Arroparon su empeño por ser investido a distancia como presidente de la Generalitat y también su obsesión de no renunciar al acta de diputado en el Parlament.

Pero la CUP no piensa dar cuerda al llamado consejo de la república porque considera que esta pseudoinstitución no representa ningún gesto de unilateralidad ni desobediencia, sino que se trata de arte y decoración. «No podemos colaborar en iniciativas que son pintura», dijo el diputado de la CUP, Carles Riera, en TV3.

¿Un gobierno de siete miembros?

El «chiringuito» de Puigdemont debe ponerse en marcha durante los próximos días, según los planes anunciados por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que este mismo lunes se reúne con el líder huido en Waterloo. Ambos líderes intentarán clarificar a lo largo del día el funcionamiento de este consejo de la república. Lo harán junto a representantes de Junts per Catalunya (Albert Batet), ERC (Toni Comín) y la ANC (Josep Cruanyes).

Según los documentos que intercambiaron Junts per Catalunya (JpC), ERC y la CUP en las negociaciones postelectorales, este organismo debía estar formado por tres miembros de JpC, tres de Esquerra y uno de la CUP. Y sus principales funciones debían ser las de impulsar el debate constituyente, asesorar al presidente de la Generalitat y fomentar aquellas acciones que sirvan para avanzar hacia la república.

El problema fundamental es que este organismo no tiene ningún amparo estatuario ni constitucional y, por tanto, la Generalitat puede arriesgarse a incumplir la ley si accede a financiar el consejo de la república con fondos públicos. Por eso, los asesores de Puigdemont contemplan que este organismo tenga personalidad jurídica de fundación privada para poder recibir ayudas económicas