La crisis pone en peligro el modelo sanitario catalán

Los consorcios sanitarios catalanes temen por su propio modelo de gestión. La crisis económica ha llevado a las administraciones a fiscalizar hasta el último euro. El Govern de CiU desea, sobre el papel, que el modelo sanitario catalán, basado en la colaboración público-privada, mantenga su especificidad, pero la necesidad de controlar el gasto le puede llevar a un choque de trenes con los consorcios.

El debate se ha reabierto de nuevo con el informe de la Sindicatura de Comptes sobre el Hospital Clínic en el ejercicio del 2009. La Sindicatura recuerda al Clínic que es, “a todos los efectos una entidad pública de naturaleza institucional” después de su traspaso a la Generalitat en el 2007. Y le recomienda que se dote de una forma jurídica concreta, “hoy todavía no determinada”.

En la fiscalización del 2009, la Sindicatura constata unos ingresos liquidados de 489.1 millones de euros y unas obligaciones reconocidas de 557,1 millones, con un resultado presupuestario negativo de 68 millones.

Empresa privada

La Sindicatura reconoce “los esfuerzos organizativos y de gestión” del centro. Pero reclama una mayor transparencia, porque el Clínic realiza su contabilidad como si fuera una empresa privada, aunque esté en manos públicas desde 2008. Se gobierna a través de una Junta de Patronato que presidía en el periodo fiscalizado la consellera de Salud Marina Geli y ahora preside el conseller Boi Ruiz.

El hecho es que los consorcios sanitarios llevan meses quejándose, con mayor o menor éxito, de la fiscalización del Govern, con el argumento de que ahoga la autonomía de gestión. Tanto la Intervención General de la Generalitat, como la dirección general de Presupuestos, que depende del Departament d’Economia, como la secretaria general de la Funció Pública, y algunos departamentos jurídicos de la Generalitat, han incrementado la fiscalización, debilitando el propio modelo sanitario catalán.

Afán fiscalizador

¿Pero qué quieren los gestores de los consorcios? El más activo es Josep Maria Via, presidente del Consorci Parc de Salut Mar y miembro del consejo asesor de salud del presidente Artur Mas. Via preguntaba en voz alta, en una conferencia en Esade el pasado 28 de junio, el motivo del anterior gobierno tripartito, presidido por José Montilla, para incluir los consorcios sanitarios en la administración pública, con la excusa de adaptarse a la normativa de la Unión Europea, conocida como Sec-95.

Según Via fue el Interventor General de la Generalitat, Josep Maria Portabella, -que estuvo al frente del organismo fiscalizador con los gobiernos de CiU y del tripartito- el que pudo decidir por su cuenta, sin que los gobiernos de José Montilla fueran muy conscientes de ello. O, en todo caso, no se negaron. Y había, según Josep Maria Via, otras alternativas para mantener el modelo de los consorcios.

La alternativa a la Sec-95

La idea que defienden algunos gestores, como Via, es que los consorcios sean tratados como “unidades productoras de mercado”, porque los ingresos por ventas de los consorcios supera “por mucho el 50%” de los costes de producción.

Es una tesis que se basa en el propio manual de la Sec-95, que establece que no es la propiedad la que debe determinar si estos consorcios son o no administración pública, sino su sistema de financiación.

La autonomía de gestión que se lograría permitiría más ahorro y más productividad, según Via. Es la fórmula que escogieron algunos países como Austria.

Las guardias del médico

¿Consecuencias de ello? Via asegura que un médico de un hospital de un consorcio, como el Parc Salut Mar, el Parc Taulí de Sabadell o el Hospital Clínic, está considerado, por su remuneración, como personal de “alta dirección” y se le topa salarialmente en función de una homologación funcionarial. Si hace guardias, necesarias en un momento de recortes, y supera los topes salariales fijados, no las puede cobrar.

Los consorcios reclaman que tengan prioridad las decisiones que tomen los comités de empresa, lo que ofrece la desea “autonomía de gestión”.

En la conferencia en Esade, delante del conseller de Salut, Boi Ruiz, que cerró el acto asegurando que el Govern estaba intentando reconducir la situación, Via fue más allá. Para el presidente del Consorci Parc de Salut Mar los gobiernos se ven superados por la maquinaria funcionarial. El celo de la Intervención General de la Generalitat es tal que las directrices políticas no se acaban imponiendo.