La crisis en Ceuta abre un nuevo frente entre Vox y Ciudadanos en Andalucía
La formación de extrema derecha, socio parlamentario del Ejecutivo en la comunidad, pide la dimisión de la Consejera de Igualdad después de “hacer una llamamiento a la inmigración ilegal”, a la que vincula con la delincuencia
Varios migrantes descansan en la playa ceutí de El Tarajal tras alcanzar la costa española este miércoles. Tercer día de tensión en la frontera de Ceuta con Marruecos, después de la entrada ilegal en la ciudad autónoma de más de 8.000 personas y con el Ejército y las fuerzas de seguridad desplegados en la zona. EFE/Brais Lorenzo
Entre el anuncio de Rocío Ruiz, consejera andaluza de Igualdad y Políticas Sociales, de que Andalucía estaba “esperando” y “trabajando ya” en la acogida de los menores extranjeros no acompañados (MENAS) llegados a Ceuta en el marco de la crisis diplomática y migratoria abierta con Marruecos y la aclaración de que la comunidad no puede recibir más menores porque es la que más tiene en acogida de toda España han transcurrido apenas 24 horas y una nueva amenaza de Vox de dejar caer al Gobierno de Juanma Moreno.
El punto de inflexión han sido las durísimas palabras de Manuel Gavira, portavoz parlamentario de la formación de extrema derecha, que prácticamente se estrena en el cargo para el que ha sido nombrado hace apenas 10 días con uno de los principales caballos de batalla del discurso de la ultraderecha: la inmigración irregular a la que de manera reiterada vincula con la inseguridad ciudadana y la delincuencia.
Según los datos facilitados a Economía Digital por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Andalucía tiene la guarda y tutela de 1.700 menores extranjeros, del total de tres mil menores que actualmente están vinculados al sistema andaluz de acogida. Como puerta de entrada de la frontera sur, Andalucía es la comunidad con mayor protagonismo en la atención de los menas.
En el último año, por los centros andaluces han pasado más de 2.500 menores extranjeros, gran parte de ellos han seguido con su periplo migratorio por otras provincias españolas o países europeos hasta alcanzar el reagrupamiento con otros familiares.
El PSOE acusa a Moreno de ceder al “chantaje de la ultraderecha”
Las imágenes de la entrada masiva de personas en Ceuta es para Manuel Gavira, «no una cuestión humanitaria, sino una invasión que está sufriendo España» y «una agresión a su integridad territorial». A su juicio, si Juanma Moreno, presidente del Gobierno andaluz, valida la postura de su consejera será responsable de la «inseguridad» que puedan provocar estos menores si llegan a Andalucía.
“No los queremos”, ha llegado a decir Gavira, que ha pedido, una vez más, la dimisión de la consejera de Igualdad a la que ha invitado a “que se vaya a su casa y allí espere a los [menores] que quiera«.
En respuesta, la dirigente de Ciudadanos ha querido subrayar que “los niños que llegan a las costas no invaden España” y ha pedido a Vox «que recapacite este tipo de mensajes porque los niños menores que llegan a nuestras costas no son soldados y no están invadiendo España».
Este nuevo choque entre Vox y el gobierno andaluz ha sido utilizado por los partidos de izquierda en la Cámara como ejemplo para ilustrar, una vez más, “el chantaje”, en palabras de Susana Díaz, secretaria general del PSOE-A, al que está siendo sometido Moreno por la extrema derecha.
Cabe recordar que es con la consejera de Ciudadanos Rocío Ruiz, con un perfil radicalmente contrario a Vox en asuntos relacionados con la diversidad sexual, la violencia de género y la inmigración, con quien la formación de extrema derecha ha protagonizado sonoros enfrentamientos en el Parlamento de Andalucía. Uno de los últimos choques fue a cuenta de la denuncia del polémico cartel que la formación de Santiago Abascal utilizó para la campaña del 4-M.
Asimismo, cuando se produjo la reacción en cadena de mociones de censura desde Murcia, Alejandro Hernández, anterior portavoz de este partido, acusó a Ruiz sin pruebas y desde su escaño en el Parlamento de estar pergeñando con el PSOE una operación para desbancar del Gobierno al PP.
Desde el Gobierno andaluz, y como viene siendo habitual, el presidente Juanma Moreno y su portavoz y consejero de Presidencia, Elías Bendodo, se han repartido los papeles –y por tanto, los decibelios en esta polémica- en su respuesta a la amenaza de Vox y a esta crisis migratoria.
Desde la Feria Internacional del Turismo, FITUR, Moreno ha tratado de amainar la polémica y ha replicado que la Junta tiene «autonomía» y «cumplirá la normativa» para «proteger» a menores no acompañados. Aunque ha reclamado una verdadera implicación de Ejecutivo de Pedro Sánchez: “Espero que el Gobierno de España reflexione, corrija la concatenación de errores, actúe con determinación y arregle lo antes posible la crisis con Marruecos”.
Menos contemporizador ha estado Bendodo en declaraciones a esRadio, emisora en la que ha insistido en que no quiere que “la dejadez del Gobierno nacional se convierta en un problema de Andalucía». En este sentido, ha defendido que “los menores no acompañados de Marruecos se queden en Marruecos», si bien ha asumido que «si llegan a Andalucía las normas españolas les dan ciertos derechos» que desde la Junta no pueden negarles.
Al respecto, Sergio Romero, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento, ha querido subrayar que “Vox no manda en Andalucía, si tenemos que atender a los menores, los atenderemos”.
Sin embargo, lo cierto es que la estabilidad del Gobierno de PP y Ciudadanos pasa hoy, inevitablemente, por el apoyo que la formación de Abascal le presta desde el Parlamento a todas las iniciativas que el Ejecutivo andaluz lleva a la Cámara, entre ellas, las tres últimas leyes de presupuestos.
Si bien, pese a estos reiterados amagos de dejar caer al Gobierno, en la actualidad Moreno tiene blindada la legislatura ya que sólo con la prórroga de la Ley de Presupuestos de 2021 durante el ejercicio de 2022, PP y Ciudadanos podrían seguir desarrollando gobernando hasta la convocatoria de elecciones, previstas según el calendario oficial para diciembre de 2022.
Otra cosa es que la presión de Vox, sobre todo en el plano mediático, sea tan constante y ensordecedora que boicotee el rendimiento que quiere aprovechar Juanma Moreno de la nueva etapa postvacuna en Andalucía y de los previsibibles buenos resultados turístico del verano en la comunidad.
Los MENAS en Andalucía
Lo cierto es que por cercanía geográfica, es en Andalucía, junto con Canarias y las ciudades autonómas, donde el asunto migratorio alcanza una dimensión mayor, con una población especialmente sensibilizada con la realidad migratoria así como un discurso populista contrario a la inmigración irregular, a la que de manera reiterada vincula con la delincuencia, que tiene cada vez mayor eco social.
En este sentido, después de un primer mensaje de abierta solidaridad con los menores que se hacinaban en las costas de Ceuta en las primeras horas de esta semana, la consejera de Igualdad ha reculado para solicitar “solidaridad y equidad” en el reparto de estos niños de cara a la reunión entre la ministra de Asuntos Sociales Ione Belarra y los consejeros del ramo de las distintas comunidades autónomas al respecto a esta crisis migratoria.
En este sentido, en palabras de Ruiz, “Andalucía no puede acoger más”. En este momento, la administración andaluza es responsable de la guarda y tutela de unos tres mil menores extranjeros no acompañados.
Con todo, existen pocas esperanzas de sacar en claro unas medidas decisorias de la reunión que desde primera hora de la tarde preside la ministra Belarra, según las fuentes consultadas por Economía Digital al respecto de este asunto.
Según los registros públicos de la Junta, desde el año 1999 Andalucía viene experimentando un notable crecimiento del fenómeno de la inmigración de menores de edad no acompañados (MENAs), principalmente procedentes del Magreb. El sistema andaluz de protección de menores atiende a estas personas sin referencias familiares en nuestro país, y se ocupa de prestarles una atención integral, durante el tiempo que se encuentren en la comunidad autónoma.
Para ello, según la Consejería de Igualdad, el sistema de protección cuenta con una serie de recursos, tanto humanos como materiales, que, a la luz de las distintas fuentes consultadas por este medio, “no pueden ser infinitas” si no hay una “solidaridad verdadera” del resto de comunidades sin la presión migratoria que sufre Andalucía.
