La antireforma laboral de Sánchez, contra datos, evidencias y el TC

Pedro Sánchez ha encomendado a Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, una de las tareas más arduas y criticadas por las empresas del nuevo Gobierno: la derogación de la reforma laboral aprobada en 2012, durante el mandato de Mariano Rajoy, que es uno de los compromisos del Ejecutivo que lideran el PSOE y Unidas Podemos. 

El escenario en el que tendrá que moverse Díaz no es el más adecuado, ni por los datos de paro, ni por los resultados que la reforma tuvo en el empleo ni tampoco por el respaldo que los jueces han dado a algunas medidas de dicha reforma. La ralentización del mercado laboral se percibe en los últimos datos publicados, que reflejan una moderación de la creación de empleo en diciembre del 2%, el peor ritmo desde 2012. 

Con cerca de 19,9 millones de empleados, los niveles previos a la crisis aún no se han recuperado. En 2019, el desempleo registró un ligero descenso, 38.692 personas menos que en el mismo periodo del año anterior, siendo el menor retroceso de los últimos siete años, lo que aumenta la preocupación ante los cada vez más evidentes signos de desaceleración económica. 

Entre tanto, el nuevo Gobierno planea derogar la reforma laboral del PP prácticamente en su totalidad. Sobre la mesa, los objetivos del Ejecutivo pasan por volver a priorizar el convenio sectorial sobre el de empresa, recuperar la vigencia indefinida de los convenios y eliminar el despido por bajas reincidentes en un periodo determinado. 

Pero Díaz no lo tendrá fácil para acometer estas medidas. Precisamente, el Tribunal Constitucional avaló recientemente el despido de los absentistas, mientras que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) presiona para que PSOE y Unidas Podemos no ejecuten un acuerdo que, considera, «está más cerca del populismo que de la ortodoxia económica». 

La ministra, no obstante, quiere que los cambios sobre la reforma del Partido Popular se realicen con el mayor consenso. Aquí el abanico de mecanismos que tendrá que revisar Díaz se abre, con el sistema de formación y recualificación laboral y la cotización de los autónomos en función de sus ingresos reales como medidas más urgentes.

También una reforma del Estatuto de los Trabajadores para adecuarlo a los nuevos retos de digitalización del mercado laboral, la robotización del empleo o la economía verde, los pilares sobre los que el nuevo Ejecutivo quiere sustentar el Ministerio de Trabajo. 

El salario mínimo, la primera medida

En cualquier caso, el Gobierno ha dejado claro que una de las primeras medidas de calado será la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). El compromiso anunciado por el Gobierno es el de incrementarlo al 60% del salario medio neto para el final de la Legislatura. Aunque no hay consenso entorno a la cifra exacta, se calcula que estará entre 1.000 y 1.200 euros al mes para 2023. 

La creación de empleo con la reforma laboral del PP llegó a registrar un 3% en 2015, aunque desde entonces ha ido mostrando ciertas señas de deterioro. Actualmente, la tasa de temporalidad es del 26,6%; la de empleo parcial, del un 14%; y el desempleo en el 13,9%, el segundo más alto de la Unión Europea. 

Además, la tasa de cobertura del sistema de protección de la Seguridad Social es del 66,2%, es decir, solo 1,93 millones de los más de 3,2 millones de parados que hay en España reciben una prestación por desempleo. En febrero de 2019, Díaz, diputada de Esquerda Unida en el Congreso, declaró que los principales problemas del mercado laboral eran «el paro y la precariedad». Para ello, la nueva ministra ya expresó un deseo que ahora tiene el reto de cumplir: «Hay que eliminar las reformas laborales», dijo entonces.