La CEOE enfría el pacto para prorrogar los ERTE
El representante de los empresarios, Antonio Garamendi, advierte del distanciamiento del Ejecutivo con los sindicatos y la patronal
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha advertido este viernes que considera «muy difícil» llegar al próximo martes con un acuerdo con el Gobierno para alargar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) activados por la emergencia del coronavirus.
«Todavía en este momento no tenemos papeles del Gobierno. Los de la CEOE están, los de sindicatos están, pero no he visto ningún papel del Gobierno», ha apuntado el representante de los empresarios.
El próximo martes tendrá lugar el Consejo de Ministros en el que se aprobarán las últimas medidas a golpe de decreto bajo el amparo del estado de alarma. Tanto los empresarios como los sindicatos reclaman extender los ERTE hasta, al menos, finales de 2020, y no como hasta el próximo 30 de septiembre, la fecha marcada por el Ejecutivo.
«Estamos negociando. No digo ni que sí, ni que no, sólo que no es fácil. Es difícil que se tome una postura cuando no tenemos el papel», ha señalado Garamendi, en una rueda de prensa en la que ha adelantado que se celebrará una cumbre mundial entre líderes empresariales la próxima semana.
Según el presidente de la CEOE, la propuesta para extender los ERTE hasta final de año que defienden tanto la patronal como los sindicatos responde a una necesidad de «trabajar de forma ordenada».
Defender la economía española
Garamendi ha asegurado que el interés de los empresarios es «defender la economía española», para lo que las empresas tienen que tener la opción de poder «estar hibernadas» para garantizar la protección del empleo y la cobertura de los trabajadores. Algo que, según el representante de los empresarios, pasa por ampliar los ERTE hasta final de año.
En este sentido, el próximo lunes volverán a abrir las oficinas del Servicio Público de Empleo (SEPE) para comenzar a gestionar el aluvión de prestaciones por desempleo derivadas de estos mecanismos que aún quedan sin resolver. Una «avalancha» de documentos, según el sindicato de funcionarios CSIF, que criticó al Gobierno por declarar que la mayoría de los expedientes ya han sido resueltos.
