La batalla Rajoy-Mas por los horarios descoloca a las grandes superficies
Madrid desmiente a la Generalitat y asegura que los comerciantes podrán abrir hasta 90 horas semanales
Las tensiones entre un gobierno español más centralista y un gobierno catalán más independentista se han materializado en la primera batalla de competencias: la de los horarios comerciales. El decreto de julio, aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que amplió los horarios de apertura hasta las 90 horas, ha abonado el campo de batalla entre Madrid y Barcelona.
Después de que dos grandes cadenas de supermercados francesas, Carrefour y Alcampo, ampliaran sus horarios comerciales y aumentaran a 78 horas semanales –ocho más del máximo permitido por la ley catalana– acogiéndose a la normativa española, la Generalitat ha lanzado este martes un pulso a la Moncloa El portavoz del gobierno autonómico, Francesc Homs, dejó claro este martes que la normativa autonómica está por encima de la española. “Tenemos competencia exclusiva en este tema”, aseguró.
Pero el equipo de Mariano Rajoy tardó pocas horas en desmentir al equipo de Mas y para ello ha recurrido, como en otras ocasiones, a la Constitución Española. Según el ministerio de Economía, el gobierno central tiene las competencias de la planificación y coordinación de la actividad económica, según interpretan los juristas ministeriales que esgrimen 149 de la Carta Magna.
Tensión al alza
El gobierno central ha asegurado que los comerciantes que se atengan a la ley española, más flexible, estarán protegidos por ley. Si la Generalitat interpone, como ha anunciado, un recurso de inconstitucionalidad, habrá que esperar a un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, pero mientras tanto, según el ministerio, la ley española continúa vigente.
Pero Homs no ha esclarecido si el incumplimiento de su nueva norma –idéntica a la anterior pero con el propósito de invalidar a la española– implicará sanciones. De momento, la Generalitat ha abierto expedientes informativos, pero no se ha atrevido a sancionar a Alcampo y Carrefour.
En pleno enfrentamiento entre administraciones, tanto Carrefour como Alcampo no tienen claro a qué normativa acogerse. “Estamos en el medio. Tocará a las administraciones ponerse de acuerdo”, aseguran fuentes cercanas a Carrefour.
Mientras tanto, las dos grandes patronales de las pequeñas y medianas empresas en Catalunya, CCC y Pimec, aplaudieron la decisión de la Generalitat de intentar blindar las competencias frente a la ola de liberalización de Madrid. “La destrucción del comercio minorista ha sido mucho mayor en Madrid que en Catalunya este año por las medidas liberalizadoras”, explica Miguel Ángel Fraile, portavoz de la CCC. Alejandro Goñi, presidente de Pimec Comerç, alabó que la Generalitat “ponga fin a medidas ideológicas y no de reactivación económica” de Madrid.
