La Audiencia ordena al juez Aguirre que concluya el ‘caso Macedonia’ y que deje de fiscalizar a la policía catalana

La sección 21 de la Audiencia de Barcelona ha dictado una resolución en la que ordena al juez instructor número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que cierre de una vez el llamado caso Macedonia ya que «la investigación debe darse por concluida, no siendo las diligencias señaladas por el instructor conducentes a un mayor esclarecimiento de los hechos y sí a una dilación innecesaria de la instrucción».

Aguirre investiga desde hace cuatro años un presunto caso de corrupción policial en el que están imputados cinco agentes de los Mossos d´Esquadra. Según el auto judicial, las últimas actuaciones del juez «son de dudosa relevancia, y de muy difícil gestión y se asemeja a una fiscalización general de toda la actuación policial, no admisible en el proceso penal».

El caso pierde fuelle

Éste no es el único varapalo que sufre el magistrado. Hace un mes, la Audiencia absolvía a los guardias civiles (imputados por narcotráfico durante más de tres años) por su supuesta relación con un grupo de criminales. El tribunal, en aquella sentencia, consideró que esos agentes de la Benemérita nunca debieron sentarse en el banquillo de los acusados. De hecho, tras esa larga imputación, sólo fueron juzgados (y absueltos) por una falta en la redacción de un atestado.

Respecto a la imputación de los cinco mossos aún incriminados en la causa, la Audiencia dice que no es el momento de hacer una definitiva valoración y urge al juez a poner negro sobre blanco las imputaciones concretas («en el caso de que las hubiera») para entonces dirimir si les lleva a juicio o si archiva la causa contra ellos.

Vulneración del derecho de defensa

El juez Aguirre hace más de dos años que tiene sobre la mesa diversas peticiones de diligencias por parte de algunos imputados en este llamado caso Macedonia. Transcurrido este tiempo y tras varios recordatorios, el juez continúa sin pronunciarse al respecto de estas peticiones, lo que se considera una vulneración flagrante del derecho de defensa, según algunos abogados personados en la causa.