La Audiencia Nacional permite los actos de apoyo a los presos de ETA
La AN analiza que los actos se enmarcan dentro de lo permitido en base al derecho penal pero insta a la policía a mantener vigiladas las concentraciones en busca de elementos constitutivos de delito
Un grupo de expresos de ETA ofrece una rueda de prensa para la lectura del escrito de la organización. Foto: EFE/GE
Ya es oficial. Un día después de que la fiscalía de la Audiencia Nacional emitiera un informe asegurando que no había encontrado motivos para reclamar la prohibición de las concentraciones convocadas durante la Nochevieja en Pamplona para homenajear a varios presos de ETA, el juez José Luis Calama ha rechazado este jueves prohibir los actos programados tanto en la capital navarra como en la localidad de Mondragón.
En opinión del juez, los actos, convocados por Etxerat y Sare, implicarán «la expresión de opiniones que inquietan o chocan a diversos sectores de la sociedad», no obstante, basándose en el derecho penal, no puede prohibirlos antes de que se realicen y se compruebe si se ha cometido algún delito.
No existen «los datos y elementos necesarios para poder determinar si los hechos denunciados podrían, en su caso, llegar a constituir hipotéticamente un delito de enaltecimiento del terrorismo», ha analizado, rechazando la petición formulada por la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT) y Dignidad y Justicia.
En este sentido, el juez ha argumentado que según la información que se tiene hasta la fecha, los actos «ponen de manifiesto que se trata de la expresión de un deseo de acercamiento de presos a los centros penitenciarios del País Vasco, sin entrar en la justificación o ensalzamiento de las acciones por las que se hallan privados de libertad, conducta amparada por el derecho a la libre expresión en el ámbito de procedimiento penal».
Y añade que «no puede actuarse en el derecho penal con carácter preventivo, pues tal proceder implica asociar consecuencias jurídicas limitativas de derechos o imponer directa o indirectamente sanciones sobre la base de meras hipótesis, sobre la futura e incierta comisión de delitos«.
A pesar de no prohibir de forma preventiva la convocatoria, sí ha instado a que las fuerzas de seguridad vigilen los actos en busca de elementos que sí sean constitutivos de delito y proceder así a «identificar y, en su caso, detener a sus autores» y ha recordado que los agentes no necesitan ninguna orden judicial para vigilar los actos, pues forma parte de su «obligación legal».
