La ANC exige al Parlament que pague a Puigdemont

Nunca ha tenido mejor aliado Carles Puigdemont que la Asamblea Nacional Catalana (ANC). La entidad independentista, presidida por Elisenda Aluzie, besa el suelo que pisa el ex presidente de la Generalitat, sea en Barcelona, en Berlín o en Waterloo. La última iniciativa de la ANC consiste en exigir al Parlament de Cataluña que vuelva a pagar a Puigdemont —y a los otros cinco diputados suspendidos— el salario que dejaron de cobrar en julio (2.800 euros mensuales sin contar complementos).

Y lo pide ahora porque el Parlament tiene previsto votar mañana, martes, una alambicada resolución para sortear la suspensión temporal del diputado Puigdemont —y de los otros cinco— dictada por el juez Pablo Llarena. «Si no se acata esta suspensión, nos gustaría que el Parlament vuelva a pagar el sueldo a los diputados», ha pedido Paluzie.

La opinión de la ANC es que la suspensión temporal de las actas de diputados «no tiene base legal, según juristas internacionales». «Nosotros pensamos, por tanto, que el riesgo de consecuencias es muy bajo y comenzaremos una iniciativa internacional de denuncia por esta suspensión», argumentó la entidad para pedir la desobediencia del Parlament.

Lo cierto es que la presidenta de la ANC contempla con enorme escepticismo el comportamiento del gobierno de Quim Torra y de los grupos de Junts per Catalunya y de ERC en el Parlament. Considera que falta determinación para consumar la república catalana y que impera la prudencia. «Queremos que la Generalitat pase de la retórica a los hechos y mañana tiene una oportunidad (en el Parlament)», urgió Paluzie.

La ANC la toma con Torra

La entidad soberanista es cada vez más crítica con la Generalitat. Primero por abandonar la vía unilateral, luego por eludir responsabilidades con la república y finalmente por no cerrar el paso a según qué protestas en las calles, en alusión a la manifestación de policías del pasado fin de semana en Barcelona.

«Queremos un gobierno de Cataluña que no autorice manifestaciones de dudosa legalidad. Los sindicatos de policía tienen una limitación de manifestación de carácter político y esta cuestión no se tuvo en cuenta», lamentó la ANC, muy crítica con el presidente de la Generaliat y con el conseller de Interior, Miquel Buch.

Aprovechando la conmemoración del 1 de octubre, la ANC puso más deberes a la Generalitat. «Que no espere a las sentencias, sino que desde ahora comience a trazar una estrategia para hacer efectiva la república», pidió. Y en este punto se dirigió de forma muy concreta a Torra, a quien exigió «iniciativa y autoridad».

Finalmente, la ANC, al igual que el propio Torra, avaló las acciones de los CDR y, particularmente, su iniciativa de asaltar la delegación de la Generalitat en Girona y sustituir una bandera española por una independentista. «Todas las protestas enmarcadas en una estrategia de lucha no violenta son legítimas», resolvió Paluzie.