La Abogacía del Estado sale al rescate de Marlaska: avala las repatriaciones a Marruecos
Los servicios jurídicos del Estado justifican las devoluciones por la situación excepcional que atraviesa Ceuta desde la llegada de 12.000 migrantes en el mes de mayo
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparece en rueda de prensa. EFE/ Ballesteros
La Abogacía del Estado ha dado un espaldarazo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con su visto bueno a las repatriaciones de menores no acompañados a Marruecos. El organismo ha justificado la operación por la «situación excepcional» que atraviesa la ciudad de Ceuta desde el ingreso masivo de cerca de 12.000 inmigrantes que se produjo en el mes de mayo.
Los servicios jurídicos del Estado han presentado un escrito de alegaciones en la causa que actualmente investiga el Juzgado de Instrucción de Ceuta para determinar la legalidad de las devoluciones. A su parecer, se está cumpliendo con el acuerdo que España y Marruecos suscribieron en el año 2007 para la prevención de la migración ilegal.
Los abogados han argumentado que la repatriación da respuesta a la emergencia humanitaria que se ha desencadenado en la ciudad autónoma debido a que 789 niños permanecen instalados en centros temporales, mientras que casi medio millar deambulan por la calle, lo que les deja «expuestos a todo tipo de riesgos sociales, sanitarios, morales y físicos, incluso poniendo en riesgo su vida», según ha publicado Europa Press.
La Abogacía del Estado ha defendido además que se está procediendo con las reagrupaciones familiares de acuerdo a la normativa y teniendo en cuenta la nacionalidad de cada uno de ellos. «Se han elaborado diferentes grupos de menores garantizando que aquellos vulnerables, aquellos que carecen de padres o que poseen cualquier situación que desaconseje su traslado, permanezcan en Ceuta», han señalado.
El brazo jurídico del Gobierno ha indicado además que ha detectado defectos de forma en las medidas cautelares solicitadas por la Coordinadora de Barrios y la Fundación Raíces ante los juzgados para intentar paralizar las devoluciones, por lo que ha recomendado su reanudación.
También ha solicitado que se dé voz en la investigación judicial a Ceuta ya que es la administración que ostenta las competencias en materia de asistencia social de los menores y la que tiene que hacer el análisis individualizado de cada caso particular. «Debe adoptar las medidas de protección necesarias para su guarda», ha remarcado.
La Abogacía del Estado se desmarca de las organizaciones jurídicas y humanitarias
Las alegaciones presentadas suponen un espaldarazo al Gobierno, pero también alejan a la institución de la reclamaciones que han puesto sobre la mesa otras organizaciones jurídicas, internacionales y humanitarias que han advertido sobre la vulneración de los derechos de la infancia que ha supuesto el plan orquestado por Marlaska.
El Consejo General de la Abogacía Española, por ejemplo, ya exigió el cese de las devoluciones porque consideraba que se estaban incumpliendo los derechos recogidos en los convenios internacionales e incluso en dos sentencias del Tribunal Constitucional del año 2008. Mientras que la Fiscalía advirtió que había sido desplazada del proceso.
También mostró su rechazo la Organización de Naciones Unidas (ONU) que apuntó que no se habían tenido en cuenta los derechos de los menores implicados, así como un sinfín de instituciones humanitarias como Amnistía Internacional, Unicef, Save The Children o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
