La Abogacía del Estado prepara el terreno para avalar el indulto a los presos del ‘procés’

La Abogacía del Estado previsiblemente se diferenciará de la Fiscalía en su informe sobre el indulto a los políticos catalanes condenados en el juicio al procés. Y es que el órgano de asistencia jurídica al Estado está a la espera de un informe del Tribunal de Cuentas que acredite que los dirigentes independentistas han saldado ya sus cuentas con Hacienda.

Que los presos del 1-O ya pagaron los casi 4,2 millones de euros por los gastos ocasionados en el referéndum ilegal del otoño de 2017 es algo que la Abogacía ya sabe. No obstante, se ha esperado casi un año para pedirle al Tribunal Supremo el citado informe del Tribunal de Cuentas, el paso previo a informar sobre un posible indulto a los presos del procés.

La solicitud formal la envió el pasado febrero y este lunes el Supremo la trasladó oficialmente al Tribunal de Cuentas. El objetivo es acreditar que la cuantía por la que los presos fueron condenados por malversación ya ha sido abonada, lo que permitiría a la Abogacía del Estado pronunciarse favorablemente sobre los indultos, a diferencia de la Fiscalía.

Así lo revelan fuentes conocedoras de la situación que han sido consultadas por El País, que señalan que la intención de la Abogacía es «establecer su posición en términos muy distintos a los empleados por la Fiscalía«, que en diciembre presentó su informe contrario a los indultos señalando que no deben ser «moneda de cambio de apoyos parlamentarios».

Informes pendientes

Además de los informes de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, el Supremo remitirá al Ministerio de Justicia un documento con el posicionamiento de la sala sentenciadora respecto del indulto. Será entonces cuando Justicia dé traslado del asunto al consejo de ministros, proponiendo ya sea avalar o rechazar la medida de gracia para los independentistas.

Ya se conoce la opinión desfavorable de la Fiscalía y pronto se sabrá oficialmente lo que piensa la Abogacía del Estado, quedando pendiente entonces el informe del Supremo. No es común que el Ejecutivo apruebe esta medida si hay informes contrarios de la Fiscalía y el tribunal sentenciador, pero realmente ninguna opción está ahora mismo descartada.

Y es por ello que llama la atención la solicitud de la Abogacía del Estado. En febrero de 2020, el Tribunal de Cuentas ya confirmó que se habían pagado a Hacienda los 4,2 millones de malversación. El objetivo de pedir ahora el informe es simplemente acreditar que los condenados se han hecho responsables por los asuntos contables del procés.

Atando cabos para el indulto

Así, la Abogacía, que también pidió penas por sedición para los independentistas, limitaría su informe a la defensa de los intereses de Hacienda, un camino que le permitiría dar su visto bueno al indulto a Oriol Junqueras y los otros ocho dirigentes que han sido condenados a entre nueve y trece años de prisión por los hechos del 1-O.

Al pedirle al alto tribunal que en su decisión sobre los indultos tenga en cuenta el dinero malversado y si ha sido resarcido por los condenados, la Abogacía del Estado podría preparar el terreno para conceder el ‘perdón’, en el tanto el ala legislativa del Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido a revisar el otro delito de la condena, el de sedición.

Así las cosas, con un hipotético delito de sedición rebajado y con un informe que acredite que se ha resarcido la malversación, los indultos del procés tendrían más argumentos para ser respaldados por el consejo de ministros. En todo caso, el Gobierno no ha dejado de recordar que ningún informe vinculante y que la última palabra la tiene Moncloa.