JxCat y ERC firman una tregua

Junts per Catalunya (JxCat) y ERC han sellado una tregua en su inacabable pugna por la hegemonía del independentismo. Dos episodios de este martes resultan reveladores a ese respecto: la retirada por parte de los posconvergentes de una moción que se tenía que votar esta semana en el Parlament y que elevaba el listón de las exigencias que Esquerra le está poniendo de momento a los socialistas en la negociación para facilitar la investidura de Pedro Sánchez y el cambio de tercio de la portavoz del govern, Meritxell Budó, que si en semanas anteriores había enmendado la plana varias veces a los de Oriol Junqueras por su postura en la mesa de negociación, ahora dice que el gobierno catalán no comenta nada relativo a las conversaciones porque ese es el terreno de juego de los partidos, no del ejecutivo.

Aunque no ha cristalizado hasta ahora, el viraje de JxCat empezó a fraguarse el miércoles de la semana pasada, cuando, tras la reunión mantenida entre la socialista Adriana Lastra y las diputadas puigdemontistas en el Congreso Laura Borràs y Míriam Nogueras, Borràs dijo, contra pronóstico, que la cita había ido «muy bien» y ambas partes se emplazaron para un segundo encuentro, pese a que la apuesta de Sánchez es buscar el apoyo de ERC, con quien, a diferencia de lo que sucede con JxCat, sí le salen los números para la investidura, y que siempre ha mostrado una mayor predisposición a facilitarla.

Hasta entonces, los esfuerzos de socialistas y republicanos por romper el hielo habían ido acompañados por el ruido de fondo de las pegas que JxCat, el president Quim Torra y Budó iban poniendo abiertamente a los planteamientos desplegados por sus socios.

Las zancadillas de JxCat a la negociación ERC-PSOE

A finales de noviembre, antes de la primera reunión entre los equipos negociadores de PSOE y ERC, la consellera portavoz descartó la posibilidad, deslizada por los de Junqueras, de un primer contacto entre la Moncloa y la Generalitat antes de la investidura, y Torra exigió que el eventual diálogo «de gobierno a gobierno» que también pedían los de Junqueras se produjera al máximo nivel, es decir, entre él y Sánchez, algo a lo que Esquerra nunca se ha opuesto, pero que prefería no plantear ya de entrada como una condición necesaria a sus interlocutores.

La semana pasada, Budó insistió en ese punto: al menos el primer encuentro entre el govern y el ejecutivo central debería estar encabezado por ambos presidentes, reclamó. Y, en paralelo, y tras la segunda reunión PSOE-ERC, el grupo de JxCat registró una moción para ser votada en el Parlament que suponía subir la apuesta de Esquerra, porque en el texto se insistía en la necesidad de un «reconocimiento institucional al máximo nivel», es decir, una «interlocución sólida» entre Torra y Sánchez, y también en la exigencia de una «mediación internacional» que vehicule los contactos, algo que también va más allá de las peticiones que de entrada han puesto sobre la mesa los de Junqueras, que se limitan a reclamar «garantías» de que los eventuales acuerdos se cumplirán.

La previsión era que ese texto se votara en el pleno que arranca este miércoles, lo que habría obligado a Esquerra a significarse y habría tensado más los contactos con los socialistas. De hecho, en el seno de la formación republicana todos esos movimientos se entendían como un pressing de JxCat para desgastarles si acaban facilitando la investidura de Sánchez. Pero este martes, JxCat anunció que lo retiraba del orden del día del pleno, según explicó el diputado posconvergente Eduard Pujol, para no ser acusados de entorpecer el diálogo.

¿Qué ha pasado para que JxCat haya levantado el pie del acelerador, además de aquel primer contacto entre los posconvergentes y el PSOE? Por un lado, Esquerra ha enfriado la posibilidad de una investidura exprés, deslizada desde las filas socialistas, que pretendían que el gobierno de coalición con Unidas Podemos echara a andar antes de fin de año, opción que el lunes ERC descartó de forma explícita y rotunda. Ellos no tienen prisa, así que la cosa, insisten los republicanos, va aún para largo.

Además, el comunicado conjunto con el que se ha saldado la tercera reunión entre Esquerra y los socialistas, celebrada este mismo martes en Barcelona, plantea la voluntad compartida de que «el conflicto político sobre el futuro de Cataluña» se aborde «desde el respeto y el reconocimiento institucional mutuo», una referencia introducida a la medida de la exigencia de JxCat de que Torra sea reconocido como interlocutor en tanto que presidente de la Generalitat.

JxCat y ERC, pendientes del TSJC y la justicia europea

Esos gestos de ERC para contentar a sus socios van acompañados de los intentos de JxCat para dividir el grupo mixto y así no tener que repartirse la subvención y los tiempos de intervención con las otras nueve formaciones sin derecho a formar grupo propio, una pretensión que requiere del aval de la Mesa del Congreso, donde la mayoría la ostentan el PSOE y sus socios de Unidas Podemos.

Pero, además de todos esos factores favorables a una desinflamación, ni que sea con carácter instrumental, hay que considerar también un horizonte inmediato de decisiones de terceros que condicionarán toda la estrategia independentista. Y eso vale para la de Esquerra y también para la de JxCat, que el lunes mantuvo una reunión de coordinación estratégica en Bélgica presidida por Torra y el expresident Carles Puigdemont. Se habia anunciado que tras la cita, ambos comparecerían ante los medios, pero finalmente no lo hicieron ellos, sino Borràs y el portavoz en el Parlament Albert Batet, que se limitaron a amagar con la posibilidad de recuperar a Puigdemont como candidato a la Generalitat.

La primera de esas decisiones de las que depende la línea a seguir de unos y otros toca esta semana, y la tomarán las juntas de tratamiento penitenciario de las prisiones de Lledoners, Mas d’Enric y Puig de les Bases, que tiene que fijar el grado de reclusión que asigna a los líderes independentistas condenados. O, lo que es lo mismo, tiene que decidir cuándo y en qué condiciones pueden salir de forma puntual de la cárcel.

La semana que viene llegarán otras dos resoluciones aún más sustanciales a efectos tácticos e incluso estratégicos: el lunes 16, está previsto que la justicia belga tome una decisión sobre las nuevas euroordenes dictadas por el Supremo para reclamar la entrega del expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. Y el jueves 19 es la fecha fijada para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelva sobre la inmunidad de Junqueras.

Si el tribunal europeo determina que al exvicepresidente catalán debería habérsele aplicado la inmunidad tras las elecciones europeas del 26-M, aunque no llegara a tomar posesión de su escaño en la Eurocámara, esa decisión ya no tendrá efecto sobre Junqueras, al estar este ya condenado en firme, pero sí será aplicable al caso de Puigdemont, con lo que JxCat vuelve a amagar con la posibilidad de unas elecciones anticipadas y de que en ese caso el expresident fuera el candidato.

Esa opción está relacionada también con la inhabilitación de Torra si es condenado en su juicio por desobediencia por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que se espera que dicte sentencia antes de Navidad. Demasiadas variables aún sobre la mesa como para que unos y otros enseñen ya todas sus cartas.

La CUP y los CDR se sublevan contra la bajada de tensión

Quien no atiende a esas cautelas estratégicas es el sector más belicoso del independentismo, así que tanto la CUP como los autodenominados Comitès de Defensa de la República (CDR) salieron este martes en tromba contra lo que consideran una marcha atrás de los dos partidos del govern.

La formación antisistema cargó contra ambos tras la retirada de la moción de JxCat, y les acusó de haber renunciado a la autodeterminación a cambio de buscar «estabilidad» en las instituciones en aras de pactar un nuevo «reencaje» de Cataluña y el resto de España. «Cualquier pacto que intente rebajar la tensión y el conflicto nos llevará a una situación absolutamente contraria», alegó la diputada de la CUP Maria Sirvent.

Por su parte, los CDR emitieron un comunicado en el que ponían como condición previa para cualquier diálogo una amnistía para los líderes en prisión y «el retorno de las exiliadas», y exigían una negociación supervisada por «un mediador internacional» y que reconozca el resultado del referéndum ilegal del 1-O. Y como se trata de condiciones que no se cumplen, sigue la nota, lo que están escenificando JxCat y ERC es un «simulacro» de negociación, un «fraude», un «insulto» y un «menosprecio al conjunto del pueblo catalán y a la democracia en general». Torra celebraba hace un año que los CDR apretaran y ahí siguen, apretando a su govern y a su partido cada vez que estos pisan el freno.