Un juzgado anula la clausura de Up&Down decretada por Colau
Un juzgado del contencioso anula el cierre por seis meses de la discoteca Up&Down decretado por el Ayuntamiento después de una inspección por drogas
El juzgado contencioso administrativo número diez de Barcelona ha anulado la resolución que dictó el Ayuntamiento de Barcelona por la que ordenó la clausura de la discoteca Up&Down. La sentencia rechaza que el local tolerase el consumo de drogas, que fue el motivo por el cual se instó al cierre por un periodo de seis meses.
Después de una inspección de la Guardia Urbana y de los Mossos d’Esquadra en noviembre de 2016, el Ayuntamiento de Ada Colau abrió un expediente sancionador a Up&Down porque supuestamente “toleró el consumo de drogas en el interior del local”.
Según las actas policiales, a ocho clientes que estaban en el establecimiento les hallaron substancias estupefacientes como cocaína, hachís, cannabis o marihuana.
Sin embargo, la sentencia judicial rechaza que el local tolerase el consumo de drogas, según destaca la Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales (Fecasarm). La entidad recuerda que, en el momento de la inspección policial, ninguna de las ocho personas consumían o traficaban con los estupefacientes que llevaban en los bolsillos.
Argumentos de UP&Down
En un comunicado, Fecasarm insiste en que Up&Down toma medidas para evitar no sólo el tráfico sino también el consumo en el interior del local. Los abogados de la discoteca que regenta el empresario Ángel Pegenaute aportaron durante el proceso el contrato con la empresa de seguridad Cesit por el que se les encomienda evitar la comisión de actos ilícitos dentro del local.
La empresa entiende que no puede cachear a los clientes para comprobar lo que llevan en los bolsillos. Indican que en otros establecimientos de libre concurrencia como bibliotecas no se efectúan controles de drogas, aunque eso no significa que sus usuarios las puedan llevar encima.
El Ayuntamiento impuso al local 181 días de clausura. Tanto la propiedad como sus empleados protestaron para evitar una clausura que significaría el cierre. Exigieron que la posible sanción se hiciera efectiva después de la sentencia judicial. Finalmente, esta sentencia anula la sanción.
La sentencia impone las costas del proceso al Ayuntamiento. Sin embargo, la resolución no es firme y cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
