La justicia contra Laura Borràs: año clave

Laura Borràs cambia de año con la mirada puesta en procesos judiciales existentes o potenciales. La presidenta del Parlament está pendiente de la investigación que lleva a cabo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC) cuando fue presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), por presunto troceo de contratos sobre programación informática.

La causa se instruía previamente en el Tribunal Supremo, puesto que Laura Borràs fue diputada de Junts per Catalunya en el Congreso. Cuando dio su salto al Parlament de Cataluña, institución que preside en la actualidad, su aforamiento cambió y la instrucción de la causa también se movió al TSJC, máxima institución judicial en Cataluña.

La presidenta está imputada por delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental y fraude a la administración. La justicia investiga si Borràs adjudicó fraudulentamente a su amigo Isaías H.F. un total de 18 contratos de programación informática por 259.863€ entre 2013 y 2017 fraccionando de forma ilegal y falsificando los presupuestos de los expedientes.

Los presuntos 18 contratos troceados de Laura Borràs

Según la juez de instrucción que investigó el caso al comienzo, el amigo de Borràs fijaba los importes de las fracturas a las que se adecuarían los presupuestos para que las sucesivas adjudicaciones se tramitaran como contratos menores, de menos de 18.000 euros, con el fin de ocultar al verdadero prestador del servicio.

La causa llegó al TSJC cuando la fase de instrucción estaba a punto de terminar, lo que podría derivar en la apertura de juicio oral para este año 2022, aunque será el proceso judicial quien acabe determinando si finalmente la presidenta del Parlament se sienta en el banquillo de los acusados.

Los letrados del Parlament plantearon una reforma del reglamento, que incluía la suspensión del artículo 25.4. Este texto fijaba que para los delitos de corrupción un parlamentario puede quedar suspendido sin necesidad de que exista una sentencia condenatoria. ERC y la CUP se desmarcaron rápidamente, y la propuesta parece que, de momento, no prosperará.

El caso Juvillà, otra piedra contra Borràs

Sus presuntos troceos no son los únicos que pueden llevar a Borràs ante un tribunal. La delicada situación del diputado de la CUP Pau Juvillà, condenado por inhabilitación por el TSJC por negarse a quitar simbología independentista del ayuntamiento de Lleida, podría acabar haciendo que se abriera un proceso penal contra ella por un delito similar.

La presidenta no tiene intención de retitarle el escaño a Juvillà mientras no haya sentencia firme, pese a que la Junta Electoral Central podría pedir que se le retirara como hizo con Quim Torra. Borràs no tiene intención dar mandato a la máxima autoridad arbitral en unos comicios, al asegurar que es «una entidad administrativa».

La destitución de Quim Torra causó un gran revuelo en la política catalana, porque el presidente del Parlament durante su mandato, Roger Torrent, acató la resolución de la JEC y dejó sin efecto el acta de parlamentario del expresidente de la Generalitat, aunque mantuvo su cargo como mandatario catalán hasta la sentencia firme del Tribunal Supremo.

Si la Junta Electoral Central acordara la suspensión de Juvillà y la Mesa del Parlament se negara, los miembros contrarios a que se dé cumplimiento de este organismo electoral podrían incurrir en responsabilidades penales. Vox y Ciudadanos pedirán a la JEC que se le inhabilite al estar condenado por desobediencia.

Lluís Puig, ¿un futuro frente de la presidenta?

Otro de los posibles escenarios que podría poner a Borràs sobre las cuerdas es la admisión a trámite del voto delegado del fugado Lluís Puig, en busca y captura en España por su participación en el referéndum ilegal del 1-O y su posterior huida después del 27-O en Cataluña. El exconsejero de Cultura con Puigdemont es diputado del Parlament.

El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de amparo presentado por el PSC por el voto delegado de Lluís Puig, que se admitió por la Mesa para las investiduras fallidas de Pere Aragonès y para el resto de la legislatura. Los socialistas pidieron que se revocara el acuerdo como medida cautelar, y ahora el tribunal deberá pronunciarse al respecto.