Los juristas dudan de que la estrategia de Aragonès con los embargos sea legal

La Generalitat corre el serio peligro de incurrir en fraude de Ley y de una posible malversación de caudales públicos. Su propuesta para sufragar las fianzas del Tribunal de Cuentas a 34 ex altos cargos ha desatado el malestar del Gobierno, que ya estudia la legalidad de la propuesta, y también de la Justicia.

Los juristas consultados por Economía Digital no dan crédito a la propuesta de Pere Aragonés y sentencian que el órgano fiscalizador no aceptará el pago de las fianzas de este modo «al no ser un método legal».

La Generalitat ha creado un fondo de 10 millones de euros para salvar del embargo de sus bienes a 34 ex altos cargos del Govern, acusados de posibles malversación de caudales públicos por promocionar el 1-O.

En estos momentos y tal y como publica en exclusiva ED, el Govern busca una entidad financiera para que a través de un organismo gestor, como es el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) sufrague las fianzas y evite un posible embargo el próximo día 21 de julio.

Posibles consecuencias penales

Los expertos consultados aseveran, de entrada, que el dinero procederá de alguna disposición presupuestaria y cabe preguntarse en qué concepto. Un asunto que la Generalitat no quiere contestar a ED para evitar «ser mirados con lupa», esgrimen.

Lo cierto es que son conscientes, según las fuentes jurídicas consultadas, que quien asuma dicha responsabilidad para poner en marcha este mecanismo «puede incurrir en consecuencias penales».

De primeras, señalan, debería despertar la acción de la Fiscalía, ya que el empleo de fondos públicos para hacer frente a un pago impuesto precisamente por un episodio concreto de incorrecta gestión anterior, tal y como apunta el Tribunal de Cuentas, es más que «dudoso», señalan.

Tampoco descartan que pudiera darse prevaricación asociando el artículo 404 del Código Penal que dispone que a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictase una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la inhabilitación especial para el empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a 15 años. 

Así, explican que no solo está la Fiscalía como parte acusadora. Una vez que se ha retirado la Abogacía del Estado, con lo que ello conlleva, los expertos consultados insisten en que todavía quedan Sociedad Civil Catalana y Abogados por la Constitución, que «podrían presentarían otra demanda por responsabilidad contable y una querella por malversación y prevaricación».

La oposición lleva al Govern ante la Justicia

PP, Ciudadanos y Vox, anunciaron este martes que llevarán a la Generalitat a los tribunales. El líder de los populares, Pablo Casado, señaló que su partido interpondrá recurso y además denunciará a la Generalitat por prevaricación y malversación, con el objetivo de que los responsables de crear ese fondo sean «inhabilitados».

Asimismo, el portavoz de Cs en el Parlament, Nacho Martín Blanco, dijo que su formación pondrá «en conocimiento de la Justicia» el caso si se concreta el contraaval de la Generalitat a los encausados por el Tribunal de Cuentas, ya que considera que constituiría un «robo» y una «doble imposición» para los contribuyentes catalanes.

Por su parte, fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas no han querido adelantar tampoco si aceptarán como fianza de los líderes del procés el fondo aprobado por la Generalitat. Las fuentes explican que el trámite de afianzamiento está actualmente en curso y cuando se termine el expediente se decidirá si esa vía es legal o no.

Sin embargo, los juristas consultados apuntan a que podrían ser delitos mayores con penas de cárcel con lo que ya estaríamos otra vez donde estábamos hace pocos días. El independentismo podría cumplir su ‘lo volveremos a hacer’ y no hace ni un mes de los indultos por el Consejo de Ministros.

En ese caso, señalan los expertos, «veríamos a ver qué hace la Fiscalía General del Estado» ante un nuevo desafío del Gobierno catalán. Desde la oposición recuerdan que siguen a la espera de lo que haga Moncloa.

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, fue uno de los primeros que prometió «desempedrar» los obstáculos para favorecer el diálogo con Cataluña. «A ver si también vamos a tener que llevar al Gobierno ante la Justicia por lo mismo», señalan desde el Partido Popular.