Juristas catalanes denuncian a Colau por irregularidades en la bolsa de trabajo del Ajuntament
La asociación Llibertats sospecha que la convocatoria de ampliación de la bolsa del Ayuntamiento es una obra de "amiguismo" y que las circunstancias que rodean la convocatoria suponen una vulneración a los derechos de los ciudadanos
La asociación de juristas catalanes constitucionalistas Llibertats ha presentado este jueves un recurso contencioso-administrativo contra la convocatoria de ampliación de bolsas de trabajo del Ayuntamiento de Barcelona. Los juristas sospechan de posibles irregularidades en el proceso de selección de las convocatorias debido a la alta cantidad de cargos electos y personal de confianza de la alcaldesa, Ada Colau que se han presentado a las formaciones.
El presidente de la asociación de abogados, Eloy Moreno, ha asegurado que «este hecho constituye por sí mismo una grave vulneración del principio de igualdad en el acceso a la función pública por cuanto se lesionan los derechos y oportunidades de otros aspirantes concurrentes». Este recurso afecta a unas 20 personas que forman parte de las convocatorias.
Y es que la comisión de selección estaba integrada por personas que deben su cargo en el consistorio a algunos de los candidatos que se han presentado a las convocatorias, que a su vez también trabajaron para el Ayuntamiento, la alcaldesa o los equipos que integran el ejecutivo municipal. Simplificando: los abogados sospechan que esto no sea más que amigos ayudando a amigos y se haya usado las instituciones y un concurso público con el ánimo de aparentar.
«Estamos frente a un caso de amiguismo donde cargos que deben su posición laboral a sus jefes les devuelven el favor dándoles acceso a un empleo público lo que supone un perjuicio frente a otros ciudadanos sin conexiones políticas o que no militen en la órbita de Ada Colau», ha observado el abogado Manuel Miró Echevarne.
La asociación ha señalado, entre las 20 personas implicadas, al concejal de Emergencia Climática, Eloi Badia, el consejero de distrito en Sants-Montjuïc y el comisionado de Diálogo Intercultural Khalid Ghali.
Los juristas han concluido que «los miembros de la Comisión de selección no son imparciales dado que deben su posición preminente en la administración a personas como las que bajo su arbitraje en la convocatoria han accedido a las plazas y, en consecuencia habrían presuntamente quebrantado las Bases de la convocatoria, incumpliendo disposiciones expresas de la normativa de aplicación como la neutralidad que conllevarían la nulidad de la composición de la Comisión y por extensión del procedimiento seguido para adjudicar plazas a cargos electos u otros cargos de designación digital».