Junts reclamará el regreso de Puigdemont en la mesa de diálogo
Sánchez encargó a Llop guardar en un cajón la reforma del delito de sedición y no tiene intención de sacarlo ante la mesa de diálogo, según apuntan fuentes gubernamentales a ED
Jordi Sànchez, Carles Puigdemont (vía telemática) y Laura Borràs durante la valoración de los resultados de las pasadas elecciones catalanas. Foto: EFE/QG
Junts per Catalunya estructuró este lunes cómo quiere que sea la mesa de diálogo y acuerda pedir al Gobierno un imposible: allanar la vuelta del ex presidente Carles Puigdemont.
La Ejecutiva de Junts acordó este lunes reclamar la reforma del delito de sedición en la mesa de diálogo. Las fuentes gubernamentales consultadas por ED insisten en que «la reforma no es prioritaria en estos momentos para el Ejecutivo».
La Ejecutiva de Junts puso este lunes de manifiesto que «hay que participar en la primera reunión» de la mesa de diálogo. Los ‘junteros’ siguen expresando su más ferviente desconfianza hacia Sánchez y el Gobierno central.
Pero también admiten que la concesión de los indultos ha roto la imagen de un Ejecutivo inflexible, a diferencia del anterior donde el conflicto derivó directamente en los tribunales. Un mensaje que desde el independentismo se esfuerzan en dar hacia las bases, a la espera de cómo se desarrolle este primer cónclave.
La estrategia negociadora de Junts de cara a la mesa de diálogo, que tendrá lugar este jueves o viernes con ERC y el Ejecutivo, pasa por recordar a Pedro Sánchez el informe del Consejo de Europa que pide la reforma del Código Penal, donde se encuentra la reforma del delito de sedición.
Un gesto que allanaría el regreso de Carles Puigdemont y el resto de ex consejeros y políticos independentistas huidos de la Justicia. El ex presidente de la Generalitat ha insistido en varias ocasiones en que solo se plantea su retorno como un hombre «libre», no para sentarse en el banquillo del Supremo.
Su petición sigue siendo el principal ariete de denuncia internacional utilizada por el independentismo para que no muera el denominado ‘conflicto catalán’.
La vuelta de Puigdemont vendría seguida de reclamar la amnistía y el perdón para decenas de altos cargos del Govern que siguen pendientes de juicios, además del que ha tenido gran repercusión internacional como es el posible embargo de sus bienes por el Tribunal de Cuentas tras, presuntamente, utilizar fondos públicos para publicitar la causa separatista.
El Gobierno rechaza la propuesta
La reivindicación de Junts no ha pillado por sorpresa a sus socios de ERC, ni tampoco al Gobierno. Pero unos y otros afirman en privado que tendría más sentido hace unos meses cuando el ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, trabajó para ello y se abrió a modificar el delito de sedición dentro de la reforma del Código Penal. ¿Qué ha sucedido en Moncloa desde entonces?
La remodelación del Gobierno efectuada en pleno agosto por Pedro Sánchez trastocó todos los planes con respecto hacia la reforma del Código Penal que sigue durmiendo el sueño de los justos.
En el Ejecutivo se dieron cuenta de que, además de no contar con los apoyos requeridos para una reforma de este calado, abrir este melón con los indultos sin haberse olvidado podría pasar más factura de la esperada al PSOE.
Curiosamente, el ahora ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, era de los primeros que se opuso a esta reforma añadiendo que la nueva formulación del delito de sedición tampoco dejaría libre a Puigdemont y razón no le falta porque no eliminaría el delito de malversación por el que también se le acusa al ex presidente catalán.
Preguntado en su condición como ministro, Bolaños sigue cerrando la puerta a una revisión inmediata limitándose a decir un «ya iremos viendo». El hombre fuerte del Ejecutivo de Pedro Sánchez afirma que en la actualidad la prioridad del Gobierno es la recuperación económica y social, y no pone fecha a una posible reforma de este delito, el más grave de cuantos se contemplan contra el orden público.
Las fuentes socialistas consultadas esgrimen que volver a plantear una reforma penal de la sedición podría agravar el coste político. Tras los indultos, el presidente del Gobierno remodeló en profundidad su Gabinete y en el Ministerio de Justicia cambió a Juan Carlos Campo por la también magistrada Pilar Llop.
Según ha podido saber ED, la ministra, recién nombrada, recibió una orden del presidente del Gobierno para que guarde en el cajón esa reforma hasta nueva orden que, a día de hoy, sigue sin darse. Indultos sí, Puigdemont no. La mesa de diálogo se complica cada vez más para ERC y Pere Aragonès con un posible abandono de sus socios de Govern.
