Junts propone retirar la función judicial del Tribunal de Cuentas
El diputado Josep Pagès i Massó tilda este tribunal de “institución franquista” y asegura que con él España está "más en Varsovia que en Estrasburgo"
Tribunal de Cuentas/ EFE
Junts per Catalunya ha presentado una proposición de ley en el Congreso para despojar al Tribunal de Cuentas de su función judicial y que el enjuiciamiento de la responsabilidad contable se reintegre en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Así lo ha asegurado en rueda de prensa el diputado Josep Pagès i Massó, quien ha puesto el foco en la «parcialidad» de una institución que a su juicio tiene «graves deficiencias en su estructura».
El grupo independentista ha recalcado que el Tribunal de Cuentas depende de las Cortes y responden ante ellas disciplinariamente, y que sus miembros no deben ser jueces ni tan siquiera tener conocimientos jurídicos.
«Fiscaliza las cuentas públicas y eso debe hacer, pero luego él mismo resuelve en primera y segunda instancia los recursos sobre su actividad ( …) dicta sentencias pero no está a sujeto a ningún control judicial», ha denunciado Pagès, que cree se contradice la separación de poderes y vulnera el derecho a la tutela judicial, según ha informado Efe.
Junts tilda el Tribunal de Cuentas de «institución franquista»
Según Junts, con este Tribunal España está «más en Varsovia que en Estrasburgo» y «más en Polonia que en la Unión Europea». Además, el partido ha señalado que se trata de una «institución franquista» que se «coló sin cambio alguno» en el régimen democrático.
Por ello, quieren que el enjuiciamiento de la responsabilidad contable vuelva al contencioso administrativo, «de donde nunca debiera haber salido». La proposición de ley de Junts propone modificar la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y modificar además la ley de Enjuiciamiento Civil y la del Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
En los últimos años el Tribunal de Cuentas ha investigado la acción exterior de la Generalitat de Cataluña entre 2011 y 2017 o el gasto público de la consulta del 1 de octubre, por el que exigió una fianza de 4,1 millones de euros al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a sus consellers .
