Junts planea un Diplocat digital para burlar al Tribunal de Cuentas

El independentismo sigue echando un pulso al Gobierno de Pedro Sánchez y a toda España. Su advertencia de ‘lo volveremos a hacer’ viene cargada de nuevas intenciones para burlar a la Justicia. Esta vez no repetirán los mismos fallos.

Según ha podido saber Economía Digital, el ‘ala dura’ de Junts insiste en crear un nuevo Diplocat, Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña , para seguir utilizando el procés como arma arrojadiza en el exterior si la mesa de diálogo se tuerce y, de paso, burlar esta vez al Tribunal de Cuentas para sortear el delito de malversación por el que se juzga este martes hasta a 39 ex altos cargos del Govern.

El órgano fiscalizador reunirá este martes a 39 ex altos cargos, entre ellos Oriol Junqueras, Raül Romeva y Carles Puigdemont, investigados por presunta malversación de gastos públicos en favor de la secesión de Cataluña a través de la Acción Exterior del Govern entre 2011 y 2017.

El Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones de euros en presuntos gastos no justificados, subvenciones a dedo y contratos fraccionados para eludir controles. Su conclusión, según el informe al que ha tenido acceso ED, es que buena parte de estos fondos públicos se usó para promocionar en el extranjero el desafío independentista, incumpliendo la legalidad e invadiendo competencias del Estado.

Según las pesquisas del órgano contable, los contratos para la consulta del 1-O declarada ilegal por el Tribunal Constitucional ascendieron a más de 300.000 euros. En concreto, se realizaron 13 contratos menores por un montante total de 206.371 euros con un Equipo Internacional de Investigación de Expertos Electorales y otros 34.763 euros para pagar el traslado a Barcelona y los gastos de estancia de 12 personas que realizaron labores de apoyo a ese equipo.

Además, la visita de una treintena de diputados y eurodiputados nacionales e internacionales entre los días 28 de septiembre y 2 de octubre de 2017 costó 64.654 euros. Diplocat carecía de un órgano propio de control económico y financiero interno, que era obligatorio a partir de 2017, y la auditoría de sus cuentas la realizaba una empresa privada, que además prestaba servicios de asesoramiento contable, lo que podría afectar a su independencia.

De las actividades desarrolladas por ese organismo, el 74,3% tenían como finalidad promocionar, publicitar, justificar, promover o impulsar el proceso soberanista, según consta en uno de los informes aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas. Por ejemplo, al margen del 1-O, Diplocat gastó 644.900 euros en actos, ‘think tanks’ de Europa y de EEUU, mesas redondas y conferencias, otros 543.000 en programas de visitas internacionales tanto de políticos y líderes de opinión como de periodistas y más de 300.000 en elaborar documentos y argumentarios sobre la dimensión internacional del conflicto u otros 451.171,11 euros para crear y mantener una web denominada Catalonia Votes.

Objetivo: crear un Diplocat digital

Lejos de asustarles las penas de prisión y asimilar que se encuentran en otra fase de diálogo con el Gobierno, el ‘ala dura’ de Junts insiste en «estar prevenidos» por si todo se tuerce y la mesa de diálogo no ofrece el resultado esperado: votar en un referéndum.

De ahí que Junts pelease con ERC por mantener la Consejería de Acción Exterior del Govern. El ex presidente Puigdemont confía en la nueva consejera Victòria Alsina para esta nueva tarea y ella misma no ha tardado ni dos días en advertir sus intenciones.

La titular se encuentra trabajando en una estrategia para evitar los «costes asociados» que implica la Acción Exterior del Govern para evitar así un control exhaustivo en las cuentas por el tribunal fiscalizador.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Alsina aseguró que «las nuevas tecnologías» ofrecen ventajas para evitar «las agresiones del Tribunal de Cuentas». «Hemos de ser inteligentes. La política se hace sin ruido. Las nuevas tecnologías permiten hacer Skype, Zoom, Teams… y esto no tiene coste asociado, y las actividades que no tienen coste asociado no se pueden imputar», recalcó.

Llama la atención que estas declaraciones hayan pasado desapercibidas para el resto de formaciones en Cataluña y también en el Gobierno, más si cabe cuando sus ex compañeros se enfrentan este martes al posible embargo de todos sus bienes para costear unas multas millonarias.

Fuentes de Junts no desmienten las declaraciones de Alsina sino que se reafirman en que «el nuevo procés será digital» y avanzan en que se planea la creación de un nuevo Diplocat digital.

Asimismo, explican que las conferencias en el exterior para vender el turismo en Cataluña también pueden servir como ‘cebo’ para seguir predicando al resto de embajadores de otros países el procés catalán «mediante conversaciones informales», explican. «No hay nada de malo en ello y no se gasta un duro», mantienen para evitar un posible delito de malversación de caudales públicos.

Por el momento, este plan sigue en ‘stand by’ a la espera de las intenciones del Gobierno y la negociación en la mesa de diálogo, comentan las fuentes consultadas. El ‘ala dura’ de Junts capitaneada por Puigdemont no tiene el peso suficiente en el partido como para diseñar tan pronto otra estrategia de la desobediencia.

Por el momento, la estrategia de Junts se centra en proteger «de la represión» a los cargos acusados, insisten fuentes del partido. Pero tampoco descartan que si pasados dos años no se celebra ningún referéndum, este sector insista en volver a los cauces de la desobediencia por los que ya cayeron ante la Justicia. Solo el hombre es capaz de tropezarse con la misma piedra.