Junts pide explicaciones a Aragonès tras la mesa de diálogo: «No se ha hablado ni de amnistía ni de autodeterminación»
Los posconvergentes consideran que se está alejando del objetivo principal: conseguir la amnistía y el derecho a la autodeterminación
Junts ha pedido al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que explique en el Parlament la «deriva que está tomando» la mesa de diálogo, ya que a su entender «se está apartando» de su objetivo inicial de conseguir la amnistía y el derecho a la autodeterminación.
Así lo ha planteado el vicepresidente y portavoz de Junts, Josep Rius, después de que el Gobierno y la Generalitat hayan celebrado este miércoles la tercera reunión de la mesa de diálogo, en la que han cerrado dos acuerdos que suponen un paso más en el blindaje del catalán y en la desjudicialización de la política.
En un comunicado, Rius ha alertado de que la mesa de diálogo está tomando «una deriva que se está apartando de las razones por las cuales se constituyó», ya que en la reunión de este miércoles «no se ha hablado ni de amnistía ni de autodeterminación, que es la esencia del conflicto entre Cataluña y España».
Según Rius, «no hay un conflicto entre catalanes», sino «un conflicto democrático entre Cataluña y España en relación única y exclusivamente con el derecho a la autodeterminación«.
Tercera mesa de diálogo entre el Govern y el Gobierno
La tercera Mesa de Diálogo entre el Gobierno de España y la Generalitat catalana se ha celebrado este miércoles y el acuerdo se ha centrado en dos ejes principales. El primero, la «desjudicialización» del procés; después, el blindaje del catalán tanto en las escuelas, donde no combatirán por la ley del 25%, como en la administración pública. Ya sea a nivel local, estatal -en el Senado, por ejemplo- e internacional, porque pedirán en el Parlamento Europeo que el catalán sea lengua de uso.
La reunión entre ambos equipos de trabajo ha durado una hora y cuarenta y cinco minutos, según ha podido saber Economía Digital. Fuera del orden del día estaban asuntos como la reforma del delito de sedición, en la que el Gobierno se escuda en que, aun habiendo «voluntad», no existe una mayoría parlamentaria para llevarla a cabo, sin precisar qué socios de los habituales no están por la labor.