Junts quiere la cesión a Cataluña de todos los impuestos y el control de puertos y aeropuertos
El partido que lidera de facto el expresident Carles Puigdemont reclama en su programa, además, la implantación de peajes en todas las vías
A pesar de que las negociaciones para la formación de un Gobierno tras las elecciones del 23 de julio no han comenzado formalmente, algunas cartas comienzan a estar ya dispuestas encima de la mesa de cara a las conversaciones para esta potencial investidura. El candidato ganador de las elecciones, Alberto Núñez Feijóo, no ha conseguido una mayoría suficiente para gobernar, por lo que el presidente en funciones y candidato socialista, Pedro Sánchez, tiene papeletas para repetir… si concita el apoyo de Junts.
Los posconvergentes han puesto encima de la mesa un referéndum y una amnistía para los procesados por el procés, ambas píldoras difíciles de tragar para que el PSOE coloque de nuevo a Sánchez en La Moncloa. A cambio, los socialistas están poniendo encima de la mesa la reforma del modelo de financiación autonómica -caducado desde hace una década- y juegan con la posibilidad, aunque sin concretarla, de una ‘quita’ de la deuda de las autonomías con el Estado a través del Fondo de Financiación Autonómica (anteriormente conocido como FLA).
Las propuestas del partido que, de facto, lidera el expresident Carles Puigdemont son de máximos también en lo económico. Así, reclaman una gestión integral de todos los impuestos por parte de la Generalitat, así como la derogación de la Ley de Unidad de Mercado o el traspaso de la titularidad de los puertos de Barcelona y Tarragona y de todos los aeropuertos.
«La Generalitat debe tener la titularidad de todos los impuestos soportados en Cataluña, subsidiaria y temporalmente. Hasta la consecución de este
objetivo, el Estado debe traspasar o delegar en la Generalitat las competencias normativas y de gestión de estos», apunta el programa electoral de Junts con el que se han presentado a las elecciones del 23-J.
Así, el partido que lidera Miriam Nogueras en el Congreso reclama que la Agencia Tributaria de Cataluña pueda recaudar, gestionar, liquidar e inspeccionar todos los tributos que se generan en Cataluña. En el ámbito fiscal, también reclaman que se ‘reequilibren’ los tipos excesivos sobre las rentas de trabajo, así como equiparar la presión fiscal a la de otras comunidades para evitar la competencia desleal entre regiones. Contemplan, además, el recorte del IVA al 4% para todos los alimentos, así como la creación de una nueva fiscalidad verde.
Los de Puigdemont también apuestan en su problema por derogar la Ley de Unidad de Mercado que, dicen, «permite que se articule un real decreto ley y una política concertada de las diferentes instituciones del Estado (Gobierno, Cortes Generales y Monarquía) para impulsar la salida exprés y la deslocalización de empresas catalanas hacia otros territorios del Estado».
En cuanto a las infraestructuras, Junts reclama la titularidad de los puertos de Barcelona y Tarragona, para que «los beneficios que estos puertos generan se queden en nuestro país», así como de la red ferroviaria que atraviesa la región. Los cuatro aeropuertos -en concreto, El Prat- también están en el punto de mira de los posconvergentes, que proponen «un modelo de gestión aeroportuaria que sea propio de Cataluña, con un impacto más directo sobre la economía y la población catalana, capaz de potenciar los vuelos continentales e intercontinentales».
Por parte de Aena, su presidente, Maurici Lucena, ha calificado de «ruido vacío» la propuesta, que «no está encima de la mesa». «Es realmente lamentable que precisamente en el día en que publicamos resultados semestrales -un beneficio neto de 608 millones-, algo así pueda perturbar la imagen actual de la compañía en un momento en que la situación de la empresa es realmente buena», abundó durante la presentación de las cuentas.
Una propuesta que sorprende es la de implementar el sistema de pago por uso en todas las autovías, una propuesta que el Ejecutivo dejó en suspenso al ver que no concitaba el respaldo de sus posibles aliados. «Un nuevo sistema de movilidad inteligente, tanto social como ambientalmente, que se basa en una directiva y en el principio de quien usa y contamina, paga», defienden en el documento.
Además, consideran que Cataluña necesita un salario mínimo interprofesional propio superior al estatal, de 1.080 euros, una cifra que consideran «insuficiente para dignificar el SMI, potenciar la inversión en actividades de más valor añadido y combatir la realidad del trabajador ‘pobre'», detallan. Junts apuesta por elevar estas rentas suelo hasta los 1.319 euros al mes, el salario medio europeo, hasta alcanzar progresivamente los 1.500 euros al mes.