Junqueras recurre el rechazo del Tribunal de Cuentas al aval de la Generalitat

Los miembros de ERC imputados en el Tribunal de Cuentas (TdC) –entre los que están Oriol Junqueras y Raül Romeva– han presentado un recurso contra el rechazo del órgano a los avales públicos del Institut Català de Finances (ICF). El organismo rechazó el aval presentado por los imputados que cubría los 5,4M€ en fianzas que se les exigían.

La defensa pide que se estime el recurso y, por tanto, se admitan los avales presentados. Argumenta en el escrito del recurso que los afectados han sufrido un claro perjuicio «al verse privados de la posibilidad de hacer uso del aval que les había otorgado el ICF conforme «a la legalidad vigente», en base al Decreto Ley 15/2021 de Creación del Fondo Complementario de Riesgos.

Los encausados republicanos creen que «la delegada instructora en su resolución hace una interpretación distorsionada del Decreto Ley que regula la concesión de los avales, interpretando que no cubre la responsabilidad contable, de manera incluso contraria a su literalidad».

«Esta decisión de no aceptar los avales se pretende inmune al control judicial, por el hecho de no haber podido alegar ni discutir la decisión sobre los avales antes de la resolución del pasado 14 de octubre de la magistrada». Los republicanos argumentan «absoluta indefensión», puesto que tampoco se podrá volver a discutir «en ningún otro momento procesal posterior».

Los recursos consideran que se «vulnera claramente la presunción de inocencia», cuando «la magistrada instructora prejuzga la concurrencia del duelo, culpa o negligencia grave por parte de los imputados y no lo afirma de forma indiciaria». En otras palabras, asume que los imputados actuaron «con voluntad y mala fe».

El TdC rechaza avales públicos para los imputados

El TdC desestimó los avales presentados por los ex-altos cargos del Govern para pagar la fianza de 5,4M€ reclamados a los 34 altos cargos y funcionarios de la administración catalana por la presunta implicación de los gastos indebidos en la promoción del procés en el extranjero, entre los años 2011 y 2017.

La delegada instructora, Esperanza García, consideró que la fórmula no se puede aceptar porque la legislación catalana no ampara actuaciones irregulares de los dirigentes públicos con dolo. Los investigados defendieron que tenían poco tiempo para conocer el expediente y efectuar las alegaciones.

El órgano también ha desestimado acudir al Tribunal Constitucional para plantear una cuestión de inconstitucionalidad. Esta fue la petición de las defensas, que pusieron en duda que procedimientos seguidos en este proceso respetaran el derecho a la tutela judicial efectiva.