El juicio de Torra prescinde de los testigos políticos
La delegada del Gobierno en Cataluña evita declarar en el juicio de Torra en un momento en que Pedro Sánchez necesita los votos de los independentistas
Todas las partes personadas en el juicio contra Quim Torra por el lazo amarillo del palacio de la Generalitat renunciaron a los testigos que ostentan cargos políticos. Así lo acordaron la fiscalía, la acusación popular que ejerce Vox y la defensa del presidente de la Generalitat que corre a cargo de los abogados Gonzalo Boyé e Isabel Elbal.
Por este motivo, no comparecerán los testigos citados para la tarde de este lunes: Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos, el partido que presentó la denuncia a la fiscalía; Elsa Artadi, portavoz de la Generalitat durante los hechos; Teresa Cunillera, delegada del Gobierno en Cataluña; Rafael Ribó, síndic de greuges; y Miquel Buch, consejero de Interior. Este último no habría declarado de todos modos al presentar un certificado médico para excusar su ausencia.
La renuncia a los testigos “políticos” impide que la delegada del Gobierno de Pedro Sánchez se refiera a la polémica de los lazos amarillos. La intervención de Cunillera levantaba expectación por el tono que podía adoptar ante el tribunal que juzga Torra en un momento en que la investidura de Sanchez depende del voto de los independentistas. Cunillera es una dirigente socialista muy próxima al candidato socialista a la presidencia del Gobierno.
Los únicos testigos que han declarado en el juicio han sido 11 agentes del Cuerpo Nacional de Policía, a los que se les encargaron informes sobre la presencia del símbolos en los edificios de la Generalitat, así como el comisario de los Mossos d’Esquadra Miquel Esquius.
En su declaración como testigo, Esquius intentó quitar hierro cuando indicó que fueron “anecdóticos” los sitios en los que no se retiraron los símbolos independentistas después de la orden de la Junta Electoral central. En su opinión no hubo desobediencia. Sin embargo, afirmó que era “muy fácil” cumplir la orden de la JEC de retirar la simbología durante la campaña de las elecciones generales del 28 de abril. Torra se hizo el remolón y acabó en el juzgado.
La fiscalía mantiene la pena de inhabilitación
Todas las partes han elevado a definitivas sus conclusiones. El fiscal Francisco Bañeres mantiene la petición de pena de 20 meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros para Torra. El abogado de Vox eleva la pena a dos años de inhabilitación y 72.000 euros. La defensa del presidente de la Generalitat pide su libre absolución.
El juicio quedará visto para sentencia en la tarde de este lunes. Tan solo falta el trámite de la presentación de informes.
En las cuestiones preliminares, la defensa de Torra pidió la suspensión del juicio por supuesta parcialidad del tribunal y de los miembros de la JEC que dieron al orden de retirar el lazo amarillo del balcón de la Generalitat. El presidente del tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Juan María Barrientos, que preside el tribunal que juzga a Torra, rechazó las alegaciones de la defensa.
En su declaración, Torra reconoció que desobedeció y acusó a la Junta Electoral Central de dar “ordenes ilegales” para que retirara los lazos amarillos. Ejercerá su derecho a la última palabra. El juicio acabará con un alegato político del presidente.
