El juez archiva el caso de las basuras de Lloret de Mar relacionado con CDC
El juez archiva las investigaciones contra el empresario Gustavo Buesa por el caso de las basuras de Lloret de Mar que salpicaba a Convergència
Un juzgado de Blanes (Girona) ha sobreseído provisionalmente el caso de las basuras de Lloret de Mar por el que se investigaba al empresario del sector Gustavo Buesa, así como a dos exconcejales de Convergència, funcionarios y una técnica de este ayuntamiento. Se les investigaba por una presunta manipulación de contratos.
En un auto firmado el pasado 1 de junio, el juez de Blanes acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones por considerar que no se ha acreditado los delitos imputados. La Fiscalía Anticorrupción se querelló contra Buesa y otras siete personas por una serie de presuntos delitos que incluyen la prevaricación, el tráfico de influencias y la malversación de fondos públicos.
La querella se centraba en cuatro apartados: el primero, el contrato de limpieza viaria y recogida de basuras; el segundo, las obras y la concesión de un centro de tratamiento de residuos en Lloret de Mar; el tercero, la utilización privada de vehículos municipales; y finalmente, la influencia de Buesa y de su grupo empresarial, GBI Serveis, con el nombramiento de altos cargos en instituciones del gobierno catalán cuando lo gobernaba Convergència.
En relación con los contratos de limpieza y de la planta de residuos, en el auto judicial se indica que una pericial practicada por la Intervención General de la Administración del Estado concluye que las concesiones “se ajustan a las previsiones legales aplicables”. Aunque se detectan diversas irregularidades, se apunta que no son “reprochables desde un punto de vista legal”. Tampoco van más allá en la cuestión de la utilización de la flota de vehículos.
El juez archiva una querella de Fiscalía Anticorrupción contra un amigo de Jordi Pujol júnior
El juez instructor considera que los indicios detallados por la Fiscalía Anticorrupción “no son suficientes” para justificar un presunto delito de tráfico de influencias o cohecho por parte de Buesa o GBI Serveis en relación al nombramiento de altos cargos en instituciones del gobierno catalán.
La Guardia Civil registró el domicilio particular de Buesa y las oficinas de su empresa en julio de 2016. Como medidas cautelares, se le bloquearon las cuentas y activos. Los agentes también entraron aquel mismo día en el Ayuntamiento de Lloret.
Buesa sigue como investigado en el caso Pujol que se instruye en la Audiencia Nacional. Se le investiga por sus negocios con Jordi Pujol Ferrusola en el sector de los vertederos.
En el caso de las basuras de Lloret de Mar también se investigaba a los exconcejales Ignasi Riera y Josep Valls, además del interventor municipal, del secretario, una técnica y una apoderada de GBI Serveis. Otro de los investigados era Robert Fauria, expresidente del Consejo Comarcal de la Selva por Convergència. Este último está vinculado con la trama del llamado caso Manga.
