El juez imputa al tesorero y a la gerente de Podemos por el ‘caso niñera’
El magistrado responde afirmativamente a la petición de la Fiscalía de imputar a los dos miembros de la formación por presunta administración desleal y/o delito electoral
La ministra de Igualdad, Irene Montero, en una imagen de archivo. EFE/ Javier Lizón
El Juez José María Escribano ha imputado este lunes a la gerente de Unidas Podemos, Rocío Esther Val, y al tesorero de la formación, Daniel de Frutos, por su presunta vinculación con el caso niñera. El juez responde así afirmativamente a la petición de la Fiscalía, que solicitó la imputación de ambos cargos del partido morado.
El magistrado sigue así investigando si la titular del Ministerio de Igualdad, Irene Montero, utilizó a una empleada de la formación, que ahora ocupa el cargo de asesora en el Ministerio, en calidad de niñera de la hija de la ministra durante la campaña electoral de 2019.
Y es que tanto juez como Fiscalía sospechan la participación de ambos integrantes de la formación en el caso ya que, según sospecha el magistrado, podrían haber ordenado el pago a la asesora en concepto de los servicios como niñera con dinero público destinado a la campaña electoral.
Dicha acción podría incurrir en «un delito electoral (por gastos en beneficio propio abonado con dinero electoral) como en el de administración desleal», por lo que, opinan, «en su garantía deben ser oídos como investigados».
La Fiscalía ya solicitó la comparecencia de De Frutos y Val el pasado 8 de julio, momento en el que no vio motivos para imputar al exlíder de la formación, Pablo Iglesias. De hecho, la propia Fiscalía aseguraba que «no existe ningún elemento que acredite siquiera indiciariamente la participación de Pablo Iglesias en hecho delictivo alguno, por mucho que la hija de Irene Montero sea, a su vez, hija de Pablo Iglesias»
Los hechos fueron denunciados por la exabogada de la formación morada, Mónica Carmona, ya fuera del partido, lo que llevó al magistrado a apuntar tanto hacia Montero como a Teresa Arévalo, su asesora y presunta «niñera» de su hija.
El magistrado opina que «los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal«.
No obstante, la imputación de la ministra, en calidad de aforada, corre a cargo del Tribunal Supremo, por lo que el juez Escribano ya ha solicitado al Alto Tribunal la apertura de este procedimiento «a los efectos legales oportunos»
