El juez aplaza el interrogatorio del presidente de Iberdrola
El magistrado aplaza la declaración de los investigados a la espera de determinar si se imputa a la empresa como persona jurídica
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha aplazado este viernes el interrogatorio previsto para la próxima semana del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y de tres directivos más de la compañía eléctrica. Los imputados están acusados de participar en los espionajes de Villarejo.
Así lo ha decidido el magistrado, que ha visto oportuno aplazar la vista de los acusados mientras el tribunal decide si incluir a Iberdrola como persona jurídica imputada en el juicio, a la espera del infrome de la Fiscalía Anticorrupción. En el escrito en el que el juez ha justificado esta decisión, se hace referencia a «indicios que podrían situar a esta misma mercantil en el círculo de responsables penales de esta pieza separada«.
Junto a Sánchez Galán, el juez ha citado al director general de Negocios de Iberdrola Francisco Martínez Córcoles, al expresidente de Iberdrola España, Fernando Becker, y el exjefe del Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo. Todos ellos están acusados de un delito continuado de cohecho activo, delito contra la intimidad y falsedad en documento mercantil por los encargos al policía
El juez ha aceptado que «estando pendiente de resolver la situación procesal de la entidad conforme a lo dispuesto en el auto de 25 de junio de 2021, a fin de evitar una posible indefensión y para garantizar el derecho de la parte y su condición procesal, se acuerda suspender las declaraciones señaladas para los días 7, 8 y 13 de julio en la presente pieza separada». No obstante, recuerda que «una vez resuelta la nulidad interesada se procederá, en su caso, a un nuevo señalamiento».
Y es que el juez ha detectado un conflicto de intereses entre las declaraciones de las partes investigadas y preguntadas en el juicio con respecto a la empresa. En este sentido, la compañía ha intentado ejercer de acusación particular y señalar a personas para ser investigadas pero, por otra parte, hay una acusación que señala directamente a la empresa.
El juez cree que la empresa y no solo los cuatro citados a declarar, podrían haber estado alterando facturas en todos los sentidos para pagar al excomisario, desde las cuantías hasta los conceptos de la factura y que, debido a la confidencialidad de las facturas, la eléctrica debería haber seguido una normativa interna, cosa que, detecta, no se hizo.
Por todo ello, considera que la empresa podría tener que ser investigada por la justicia, algo que se sumaría a la crisis reputacional que viene sufriendo Iberdrola desde la imputación de su Director Ejecutivo y que ha conllevado «un significativo desgaste», como experimentar caídas en bolsa.