Jueces y fiscales piden la dimisión de Catalá por descalificar a un juez

Los jueces y magistrados de Navarra y las secciones territoriales de diversas asociaciones judiciales califican de «escandolosa» la actitud del ministro Rafael Catalá en relación con la sentencia por la que se condenó por abuso sexual a los cinco acusados de violar en grupo a una joven durante las fiestas de San Fermín del 2016. 

Esta mañana el ministro ha afirmado que el juez Ricardo González, autor del voto discrepante, «tiene algún problema singular» y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «debería haber actuado preventivamente» contra él. El magistrado pidió la absolución de los agresores sexuales. Tras recordar que Catalá es el «único» ministro de Justicia reprobado en la democracia, los firmantes del comunicado critican sus declaraciones «sabiendo que el Consejo General del Poder Judicial no puede actuar en el ejercicio de la función jurisdiccional» y exigen la «inmediata dimisión» del ministro.

Le acusan además de exigir «responsabilidades políticas» y de apuntar que este magistrado tiene «algún problema particular» con «la clara intención de confundir a la ciudadanía y movido por intereses exclusivamente políticos». 
«Estas manifestaciones, que no tienen cabida en el desempeño responsable de su función como ministro de Justicia, deberían provocar su inmediata dimisión», subrayan la Asociación Profesional de la magistratura, Jueces y Juezas para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, además de jueces y magistrados de la comunidad.

Separación de poderes

Los firmantes destacan que «el respeto a la independencia judicial es esencial para garantizar la paz social, la convivencia democrática y el respeto a los derechos fundamentales, siendo esta obligación especialmente predicable de los otros dos poderes del Estado». Por ello, dicen, «resulta inadmisible que personas con responsabilidades políticas utilicen esta sentencia para tratar de desprestigiar al Poder Judicial, para conculcar la separación de poderes o para realizar manifestaciones carentes de rigor».

Además, tras sostener que el Estado de derecho se sustenta en el respeto a la Ley y a la aplicación que de la misma llevan a cabo los jueces y magistrados, consideran que en una sociedad es fundamental «la confianza y el respeto hacia las instituciones». Por eso, las decisiones judiciales están sometidas a la crítica pública pero esta «no puede amparar las descalificaciones personales, el insulto, los actos de fuerza o las coacciones», agregan, y garantizan el «sometimiento al imperio de la ley» que aprueba el legislador «sin que en ningún caso sea posible apartarse y actuar movidos por prejuicios, juicios paralelos o presiones».

Los jueces firmantes ven inadmisible que un responsable político trate de «desprestigiar» al Poder Judicial

«Ese respeto a la ley es el que fundamenta todas y cada una de las resoluciones», aseguran, aunque ven «comprensible que la opinión pública pueda no comprender ni compartir lo resuelto por la Audiencia Provincial» en el caso de La Manada, y «admisible e incluso deseable» un debate sobre el Código Penal que, de nuevo recuerdan, si se reforma lo tendrá que hacer el poder legislativo.

Pero, insisten, «el legítimo ejercicio del derecho a la crítica de las resoluciones judiciales no ampara la coacción o el uso de la violencia para mostrar el desacuerdo con dichas resoluciones y mucho menos la amenaza o la difamación de quienes, en el ejercicio de sus funciones constitucionales, han dictado sentencia». Un fallo judicial que aseveran que ha llegado tras un juicio guiado por los principios constitucionales de defensa y contradicción, un «minucioso análisis» de las pruebas y la consignación de unos hechos probados y la «extensa motivación» de una «compleja» calificación de los hechos como abuso y no agresión sexual, que en todo caso apuntan que puede ser recurrida al TSJN y al Supremo.