Jueces y fiscales en tensión ante una Delgado paralizada
La situación de la justicia es caótica, dicen las asociaciones de jueces y fiscales. La incertidumbre es lo único seguro ante el fracaso del pacto político
Las cuatro organizaciones de jueces y las tres de fiscales concuerdan en sus diagnósticos sobre la caótica situación de la justicia española. Las reinvindicaciones sobre la independencia judicial aumentan, persisten las quejas por los bajos sueldos de la carrera judicial y creen que es ya más urgente que nunca la mejora del sistema informático para que lograr un mínimo de eficacia, entre otras exigencias.
Mientras tanto, la ministra Dolores Delgado aparece a sus ojos paralizada, sin capacidad de iniciativa, presa de los escándalos que han salpicado su reciente trayectoria y su creciente aislamiento.
La huelga del 19 de noviembre fue la segunda del año, después de la de mayo. Jueces y fiscales se enfrentaron ya con el Gobierno del PP y, ahora, con el del PSOE, y se muestran sorprendidos por la ausencia de una mínima respuesta a sus planteamientos. La renuncia de Manuel Marchena a sustituir a Carlos Lesmes al frente del Consejo General del Poder Judicial (CHPJ) y el Tribunal Supremo (TS) agrava el momento crítico.
Las siete asociaciones de jueces y fiscales aplauden la decisión de Marchena, que a su vez abrió un fuego cruzado entre el Gobierno y el PP, que dio por roto el pacto para renovar el CGPJ y pide ahora reformar el sistema para despolitizar la justicia. Las asociaciones se suscriben al planteamiento del PP, aunque también ironizan sobre su propuesta de una reforma que no activó estando en el Ejecutivo.
Jueces y fiscales piden dignificar el sistema judicial
La huelga del día 19 fue un éxito porque detuvo la mitad de los componentes de ambas carreras. La incertidumbre se mantiene y agrava ante una absoluta falta de reacción en el ejecutivo que preside Pedro Sánchez y el departamento que lidera Dolores Delgado. Nadie tiene claro aún cómo podrá evolucionar un conficto que parece estar estancado en «un punto muerto», afirma Celso Rodríguez Padrón, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
Las siete organizaciones coincidieron en la convocatoria de huelga dentro de una misma plataforma reivindicativa que incluye demandas tanto profesionales como retributivas. Los salarios recortados en 2010 deberían recuperarse, sostienen. La fijación de cargas de trabajo racionales y la equiparación de los permisos de paternidad con el resto de los trabajadores son otras de sus exigencias.
En términos generales, jueces y fiscales abogan por la dignificación del aparato judicial en su conjunto, más allá de los salarios. La planta judicial es objeto de críticas, al tener España unos 5.500 jueces y menos de 2.500 fiscales para unos 47 millones de habitantes. Mientras la media europea es de 21, en España hay 12,2 jueces y 5 fiscales por cada 100.000 habitantes.
El CGPJ se prepara para trabajar en funciones
Por su parte, los 20 vocales del CGPJ, presididos por Lesmes, se preparan para continuar su trabajo en funciones después de que se rompiera el acuerdo político para renovar el órgano el 4 de diciembre, cuando expira su mandato. La ley orgánica establece que los vocales deben ser elegidos con una mayoría de tres quintos del Parlamento, lo que obliga al PP y el PSOE a buscar un acuerdo.
Si las cámaras no designan a los nuevos miembros del Consejo, los salientes continúan en funciones. El CGPJ está acostumbrado a esto. «Ha sido una constante histórica», dijo uno de los vocales a Efe, que señaló que los miembros del Consejo asumen con total naturalidad su continuidad y se disponen a reorganizar sus agendas, ya que el último pleno estaba fijado para el 29 de noviembre.
Pero los vocales se preguntan «hasta cuándo», en el tanto ven complicado un acuerdo antes de que se celebren elecciones generales y se constituya un nuevo Parlamento. Retomar en breve las negociaciones parece imposible; especialmente con el reclamo del PP de cambiar el sistema de elección del CGPJ para que sean los propios jueces y magistrados los que designen a la mayoría de los vocales.
Fuentes del Ejecutivo reprochan al PP que con su actitud impidan regenerar a un órgano «imprescindible» para el funcionamiento del Estado de derecho y mantengan al frente del CGPJ y del Supremo a Lesmes, una figura que no gusta ni a populares ni a socialistas, y que es cuestionado tras la gestión que realizó el alto tribunal del caso del impuesto de las hipotecas.
