Los jueces europeos avisan al Gobierno: hablar de “justicia machista” atenta contra la “separación de poderes”
La Asociación Europea de Jueces (AEJ) expresa a ECONOMÍA DIGITAL su desacuerdo con las declaraciones de la ministra de Igualdad
Duro Sessa, magistrado y presidente de la Asociación Europea de Jueces (AEJ). Foto: Consejo de Europa
A pesar de que la instrucción de la Fiscalía General del Estado parece haber calmado los nervios del Gobierno de Pedro Sánchez tras las rebajas de las penas a condenados por delitos sexuales en aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, conocida popularmente como de ley del ‘sólo sí es sí’, la estrategia defensiva seguida por el socio minoritario de la coalición no sólo ha molestado a la judicatura en España, sino también en Europa.
Así, la Asociación Europea de Jueces (AEJ), el grupo regional de la Unión Internacional de Magistrados (UIM) con sede en Roma, ha expresado en declaraciones a Economía Digital su desacuerdo con las declaraciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en las que acusaba a la justicia española de «machista».
Para los jueces europeos, hablar en esos términos de la judicatura supone una «vulneración grave de la separación de poderes como fin esencial del Estado de derecho». «Aún más porque cualquier decisión particular de un juez solo puede ser cuestionada a través del sistema de recursos legales y no a través del debate público», insiste a preguntas de este medio Duro Sessa, magistrado y presidente de la AEJ.
Sobre reformar el delito de sedición
No es la única cuestión sobre el estado actual de la Justicia en España que preocupa a la Asociación Europea de Jueces, que engloba a su vez a la asociación profesional de magistrados mayoritaria en nuestro país, la Asociación Profesional de la Magistratura.
Cuestionado sobre la anunciada reforma del delito de sedición, Sessa reitera la posición de su organización de «absoluto respeto al Poder Legislativo», si bien destaca que «las leyes deben estar por encima de las situaciones particulares y no pueden ser utilizadas para facilitar la impunidad de conductas sancionadas por los Tribunales sobre la base de intereses particulares, ajenos al interés general».
«Estas leyes ad hominem favorecen el sentimiento de desigualdad de los ciudadanos ante la ley», lamenta el líder de la AEJ.
El bloqueo del CGPJ
También pone el foco en el bloqueo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva caducado casi cuatro años. De este modo, la AEJ «recuerda la necesidad de preservar el Estado de Derecho y la separación de poderes como garantías inalienables de los derechos y libertades en una sociedad democrática». Del mismo modo, comparte la opinión de los Comisarios europeos de que se debe nombrar al CGPJ lo antes posible, siguiendo la Constitución».
«Desde la perspectiva europea, dado que el CGPJ español fue ejemplo para muchos Consejos Europeos, la situación en España tiene sus reflejos no deseados en la posición de los Consejos en otros Estados europeos«, advierte Duro Sessa.
Ya viene retumbado fuera de las fronteras españolas desde hace tiempo. Según informó Economía Digital hace unos días, fuentes de la Eurocámara muestran su preocupación, «inquietud e incredulidad» por los crecientes ataques del Ejecutivo a las garantías judiciales en España y al conjunto de su ordenamiento jurídico, comenzando por el Código Penal, tal y como testó este periódico de diversas voces.
No es la primera vez: la visita del comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, a nuestro país hace menos de dos meses fue un discreto toque de atención a la política judicial de Moncloa, además de una advertencia: las anomalías que se están viviendo en nuestro país deben estar resueltas antes de la presidencia de turno de la Unión Europea que le corresponde a España en el segundo semestre del año 2023.
Podemos decidió cambiar de estrategia
Como informó Economía Digital la pasada semana, fuentes de la dirección del Ministerio de Igualdad reconocen que los mensajes que han venido lanzando en los últimos días, aunque poco a poco matizados, han sido un error. Y que eso ha llevado a que juristas, fiscales, jueces y demás profesionales de la Justicia que pudieran estar de acuerdo a priori con ellos ahora estén enfrente.
En nuestro país, tres de las cuatro asociaciones de jueces (Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) han exigido la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, cuyas críticas a la judicatura han sido cuestionadas con diferentes grados de intensidad por todo el arco parlamentario, socios de Gobierno e incluso algún compañero de partido.
La cuarta, aunque no pide a Montero que dé un paso atrás pero hace críticas fuertes a sus palabras, es la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia. La magistrada Victoria Rosell, actual Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, fue su presidenta.
