Los jueces advierten que el Gobierno les quiere “desarmar” contra los independentistas
Pedro Sánchez quiere derogar la reforma con la que el PP dio medios al Tribunal Constitucional para frenar la consulta del 9-N
Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, y Jordi Turull en una imagen de archivo de una reunión semanal del gobierno catalán./ EFE
El Gobierno vuelve a generar tensión entre los jueces, y de nuevo lo hace con una iniciativa que favorece a los independentistas. Además de los indultos o de la rebaja del delito de sedición, el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere derogar la reforma con la que el PP dio medios al Tribunal Constitucional para que se impongan sus resoluciones.
Se trata de una reforma que los populares llevaron a cabo en 2015, un año después de la consulta del 9-N. El fin era evitar que sucediera algo similar. Y en el referéndum ilegal del 1-O tuvo un papel importante.
Por ejemplo, los síndicos electorales que tenían que supervisar los votos se echaron atrás en el momento en el que el Tribunal Constitucional les comunicó que les pondría multas diarias de hasta 12.000 euros.
Los jueces alertan que si se aprueba reforma que “desarma al Constitucional”, no tendrán forma de frenar un nuevo referéndum o cualquier desafío secesionista
PSOE y Podemos quieren acabar ahora con esta medida, lo que ha generado enfado especialmente entre los magistrados del Tribunal Supremo.
Según ha informado El Mundo, los jueces han advertido que si finalmente se aprueba la reforma que, en su opinión, “desarma al Constitucional”, no tendrán forma de frenar un nuevo referéndum o cualquier desafío secesionista.
El PSOE cree que los medios del TC son «desproporcionados»
Para los socialistas, los instrumentos con los que se dota a la justicia a través de esta norma son “innecesarios” y “desproporcionados”. Fue el PNV el primer grupo que presentó en el Congreso una proposición no de ley para derogarla a finales de 2019 y en mayo de 2020 el PSOE la respaldó en las Cortes con estos argumentos.
Por aquel entonces, el socialista Odón Elorza sostuvo en el Congreso que esta ley suponía “un desequilibrio en el reparto de funciones entre los poderes constitucionales y una invasión del Tribunal Constitucional hacia otros poderes del Estado, como el Poder Legislativo o el Poder Judicial”.
Por el momento, esta reforma se encuentra en trámite de enmiendas en la comisión Constitucional, ha apuntado el citado diario, por lo que la postura de los partidos del Gobierno de coalición no está ya fijada.
La nueva propuesta pasa por rebajar las multas de 30.000 a 3.000 euros
La nueva propuesta que estudia ahora el Congreso de los Diputados propone que las sanciones a aquellas personas que no hagan caso de las resoluciones pasen de un máximo de 30.000 euros a tan solo 3.000. Y que no sean diarios.
Si finalmente se aprueba, también desaparecerá la posibilidad de suspender a los cargos públicos que desobedecieran. Esta medida genera mucha polémica ya que, entre otras cosas, puede suspender al presidente de la Generalitat.
