Jueces del Supremo acusan a Sánchez de dejar «vendido» a Pablo Llarena
Magistrados del Tribunal Supremo acusan al Gobierno "caer en la estrategia" de los acusados del 'procés'
La decisión del Ministerio de Justicia de no asumir la defensa del instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, no ha sentado nada bien entre los magistrados del alto tribunal. Algunos de ellos han manifestado que los investigados buscan hacer daño personal a Llarena, a quien creen que dejan “vendido” porque ahora tendrá que pagar un abogado de su bolsillo, lo que le costará miles de euros.
Los políticos independentistas fugados demandaron a Llarena a raíz de las declaraciones hechas por el juez los medios de comunicación en Oviedo, el pasado 22 de febrero, advirtiendo de que las personas que están en prisión por el procés no son presos políticos.
Fuentes del Supremo han trasladado a Europa Press que a Llarena se le ha demandado por ser instructor de la causa del proceso independentista en Cataluña y no por otra cosa. Las mismas fuentes consideran que el independentismo tiene una “intención dañina” para hacer viable y convertir en “privado” una causa que no lo es.
Y es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido finalmente no amparar al juez, argumentando que «el Gobierno no puede actuar, puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función».
El Ministerio de Justicia, sobre la no defensa a Llarena: «El Gobierno no puede actuar»
Los jueces creen que, si el Gobierno de Sánchez no da marcha atrás, cae en la trampa del independentismo si finalmente renuncia a defenderle pese a haber obtenido el amparo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
A este último respecto, el CGPJ afirmó que la demanda de los independentistas huidos en Bélgica intenta «someter las actuaciones soberanas del Estado español a la jurisdicción de un Estado extranjero».
Llarena ahora tendrá que asumir el pago de un abogado que le costará miles de euros de su bolsillo. Si no lo hace, explican, quedará “vendido” a lo que decidan los tribunales de Bélgica.
Lo que precisamente buscaba el CGPJ era que la Abogacía del Estado buscara una fórmula para representar a Llarena de manera que, en caso de una posible condena — también las costas derivadas — , fuera la administración quien asumiese la responsabilidad económica.
Las críticas se unen a las que también ha hecho parte de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a la que pertenece Llarena. La entidad ha mostrado su más rotunda oposición a la decisión del departamento de Dolores Delgado y le ha reclamado que defienda al juez y a la soberanía española “sin reservas”.
