Los jueces progresistas protestan contra el cerrojazo de la justicia
Jueces y Juezas para la Democracia denuncia las deficiencias de la "actual organización y planta judicial" típicas de un "modelo decimonónico"
La asociación Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), de orientación progresista, ha alzado la voz contra el cerrojazo de la actividad judicial por el coronavirus. La asociación de magistrados ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «el inmediato levantamiento de la suspensión de la actividad judicial». Para ello, quieren que las administraciones públicas implicadas proporcionen los medios necesarios «para el normal funcionamiento de la Justicia».
JJpD lanza duras críticas contra las administraciones encargadas de la seguridad e higiene de la justicia, puesto que «no han puesto en marcha las reformas necesarias en las instalaciones y la dotación de medios telemáticos imprescindibles para que, en el contexto de esta grave crisis sanitaria, la tutela judicial de los derechos y libertades esté permanentemente garantizada».
En un comunicado, la asociación denuncia que la prolongación de la parálisis ha puesto de relieve «las carencias» de la Administración de Justicia, y recuerdan que en el entramado institucional con capacidad de acción sobre Justicia intervienen «tanto el CGPJ como el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con las competencias transferidas» cuando se cumplen 65 días del estado de alarma.
Los jueces critican la falta de mecanismos reglamentarios suficientes que permitan garantizar la cooperación y coordinación de todas las administraciones e instituciones concernidas, y reclaman al legislador que trabajen en ese aspecto, que impulsen la implantación de los tribunales de instancia y que se contemple el crédito necesario para el buen funcionamiento de la justicia en los Presupuestos Generales del Estado.
¿Violación de derechos fundamentales?
Desde JJpD añaden que la crisis también ha puesto de manifiesto las deficiencias «de la actual organización y planta judicial» así como «la necesidad de superar en la primera instancia el modelo decimonónico con la transformación de los juzgados en auténticos tribunales de instancia que permitan optimizar el funcionamiento de la Administración de Justicia«.
En este sentido, denuncian que las fuerzas políticas han sido incapaces durante más de una década de ponerse de acuerdo para aprobar un proyecto que modernice esa organización judicial. «Esta situación no puede volver a repetirse. La paralización prolongada del funcionamiento de la Administración de Justicia es una grave anomalía democrática, a la que debe ponerse a término lo más inmediatamente posible», inciden.
Desde esta última el pasado viernes exigían que no siguiera retrasando el levantamiento de la suspensión de actividades judiciales y plazos procesales porque suponía «una clara vulneración de derechos básicos para los ciudadanos, especialmente cuando las administraciones siguen tomando decisiones que les afectan gravemente».
