Los jueces acusan al Gobierno y al Congreso de vulnerar su independencia
Un informe de la Fundación Alternativas afirma que el 40% de los jueces ve vulnerada su independencia y que cerca del 50% de los ciudadanos tienen una percepción muy mala de la Justicia
El CGPJ lleva años a la espera de una renovación del organismo. Foto: Carlos Lesmes./ EFE
El poder judicial de España lleva dos años esperando la reforma del órgano de gobierno de los jueces: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una renovación que necesita del entendimiento entre el PSOE y el PP, algo que parece imposible dadas las relaciones entre los presidentes de ambos partidos, Pedro Sánchez y Pablo Casado.
Ante este panorama, la Fundación Alternativas advierte que casi un 40% de los jueces españoles cree que su independencia no ha sido respetada por el Gobierno ni el Parlamento y propone «restringir la influencia de las asociaciones» en la elección del CGPJ «por su vinculación con los partidos».
La fundación basa esta encuesta en un informe realizado en 2019, en el que se señala que un 39,1% de los jueces españoles advierte de que su independencia no ha sido respetada por el Gobierno frente a un 48,6 que considera que sí. Unos porcentajes que siguen la misma estela cuando se les pregunta por el Parlamento.
Seis de cada diez jueces considera que el CGPJ no cuenta con los sistemas adecuados para que se defienda la independencia del poder judicial
Por otra parte, seis de cada diez jueces considera que el CGPJ no cuenta con los sistemas adecuados para que se defienda la independencia del poder judicial. Uno de cada cuatro, además, no cree que el CGPJ haya respetado su independencia.
La opinión es distinta respecto al Tribunal Supremo que, en opinión de los magistrados, sí respeta su independencia y tan solo un 11,4 opina lo contrario.
La Comisión Europea llamó la atención a España por la independencia judicial
En cuanto a la opinión pública casi la mitad (49%) de los ciudadanos encuestados tiene una percepción muy mala o bastante mala sobre la Justicia. Las principales razones por las que se justifica esta posición son las interferencias del Gobierno y los políticos (41%) y la presiones económicas (32%), según los datos de una encuesta elaborada por la Comisión Europea.
Desde Bruselas se ha llamado la atención en varias ocasiones a España por este tema. De hecho, el pasado mes de abril la CE anunció que estudiaría la carta que tres asociaciones de jueces remitieron denunciando presuntas vulneraciones del “Estado de Derecho” en España por reformas legislativas recientes.
