Juanma Moreno llevará a juicio al PSOE-A si observan delitos en las auditorías

«Oro puro». Así califican en el PP de Andalucía los 6.000 folios resultantes de las 54 auditorias que la Junta, gobernada por PP y Cs, encargó realizar del sector público andaluz durante los 37 años de mandato socialista.

El objetivo es conocer si está justificado el elevado gasto de los 54 entes instrumentales creados bajo la administración del PSOE en más de una década. Así detallan que el sector público instrumental andaluz consta de 10 agencias administrativas, 18 agencias públicas empresariales, tres de régimen especial, 16 consorcios, 23 fundaciones y 22 sociedad mercantiles.

Por su parte, el personal laboral propio de estas 92 entidades ascendía a cierre de 2018 a un total de 28.443 trabajadores, de los que 8.023 eran profesionales sanitarios, 2.873 empleados de servicios sociales y 17.547 contratados como personal laboral general, según los datos que ofrece la Junta.

Los resultados que estas auditorias están arrojando resultan sonrojantes hasta en algunos círculos socialistas. De momento y según lo que han podido avanzar tanto el presidente Juanma Moreno y el vicepresidente Juan Marín es que se da una posible una posible «estructura paralela llena de duplicidades con competencias entre entes y consejerías que serían incluso ajenas a tales entes».

Según ha podido saber Economía Digital, PP y Cs promoverán una comisión de trabajo en el Parlamento andaluz, a la espera de que los servicios jurídicos de la Junta les confirmen si cabría llevar el asunto a los tribunales y también abrir una comisión de investigación en sede parlamentaria. «Vamos a llegar hasta el fondo de este asunto», señalan desde el PP andaluz.

Numerosas irregularidades

Así, por ejemplo, un funcionario podría haber cobrado el doble por haber realizado un trabajo. El sistema auditado, presuntamente, permite contratar a dedo y cobrar tres veces más por hacer el mismo trabajo que en las consejerías. Es decir, que se han encontrado con administrativos en la Junta que ganan 48.000 euros y otros que perciben 18.000 euros, a pesar de que ambos desempeñan el mismo trabajo.

«Se han cobrado muchos sobresueldos» y se han pagado complementos a trabajadores de la Junta porque «conocen sus apellidos», denunció Marín, sugiriendo que estos privilegios salariales solo los percibían personas afines al PSOE.

Asimismo, se detectan numerosas irregularidades en los convenios de personal de los citados entes públicos: «una misma acción tiene diferentes salarios, como el caso de un administrativo que puede ganar en unos casos 16.000 euros y en otros 46.000″, haciendo la misma función, destacó Marín.

El vicepresidente de la Junta también desveló que existen «deficiencias en la gestión» que están provocando «dificultades para que se puedan reintegrar al erario público fondos mal empleados».

Las auditorías también reflejan problemas de competencias del personal de estos entes instrumentales, que se rigen por 66 convenios colectivos distintos, 43 propios y 23 sectoriales.

Como ejemplo, en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), organismo donde fueron recolocados los extrabajadores de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) –aquella con cuyas tarjetas se pagaron prostíbulos y el asunto está en los tribunales– el personal se rige por 14 convenios colectivos diferentes, detallan desde la Junta.

PP y Cs señalan convencidos que el SAE sirvió también durante años para recolocar allí a cargos afines al PSOE porque el 70,4% de los demandantes de empleo no recibió ofertas de trabajo a través de este organismo y solamente gestionó el 3% de las contrataciones en Andalucía: » únicamente hubo doce ofertas por cada 100.000 habitantes, según los datos expuestos.

La racionalización de estos entes formó parte del acuerdo de investidura y el desenlace de estas auditorías está a las puertas de la próxima campaña electoral y las elecciones a la Junta. Vox viene reclamando que se haga público el contenido de las auditorías, hasta el punto de calificarlas de «requisito indispensable» para su apoyo al Ejecutivo andaluz.

Fuentes del gobierno andaluz advierten que «todavía se están estudiando los más de 6.000 folios» que las auditoras han recopilado y aseguran que «habrá más sorpresas» alrededor de esta estructura paralela, «una Junta ‘bis’ para cobrar dos veces», destacan.