Juan Carlos I regulariza sus fondos con un pago de 678.393€ a Hacienda
El Rey Emérito presenta una declaración "sin requerimiento previo" donde se incluyen los intereses y recargos por la situación irregular
Juan Carlos I ha regularizado sus fondos. El Rey Emérito ha presentado ante Hacienda su declaración «sin requerimiento previo» para pagar los ingresos no declarados. La deuda que contraía el monarca con la Agencia Tributaria, y que ya ha resuelto, ha sido de 678.393€.
El abogado del Emérito, Javier Sánchez-Junco, ha explicado que la cantidad pagada por el antiguo monarca incluye los intereses y los recargos por la situación irregular. El letrado ha explicado que el Rey Juan Carlos sigue, «como siempre lo ha estado, a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportunos».
La estrategia de Juan Carlos I: desactivar el delito fiscal
El monarca ha cumplido así el plan previsto para intentar cerrar el caso de los fondos percibidos tras su abdicación a través de la fundación Allen Sanginés-Krause. El movimiento pretende evitar las segundas diligencias abiertas por el Ministerio Público del Tribunal Supremo, puesto que abonar la cuota antes de recibir la notificación desactivaría el delito fiscal.
Fiscalía cree que el magnate Allen Sanginés-Krause pagó durante años decentas de gastos de Juan Carlos I y otros miembros de la familia real. El problema fue que ninguno de ellos declaró ni los pagos ni el uso de ese dinero ante la Agencia Tributaria, lo que abre la puerta a un delito fiscal.
Las facturas de la Familia Real que pagó Sanginés-Krause recogen desde viajes y estancias hoteleras hasta tratamientos médicos o cuentas de restaurantes. Gran parte de ellas se abonaron después de 2014, después de que Juan Carlos I abdicara a favor de su hijo, el actual Rey Felipe VI. Esta situación deja al Emérito fuera de la inviolabilidad que le confiere la Constitución al Jefe del Estado.
La Fiscalía sigue su investigación
La Fiscalía sigue con su investigación. El Ministerio Público ha interrogado al empresario mexicano amigo del rey emérito, así como al coronel del Ejército del Aire, Nicolás Murga Mendoza, uno de los ayudantes más cercanos al monarca y presuntamente tenía acceso a las tarjetas para abonar los gastos personales de Juan Carlos I y de sus familiares directos. No se ha demostrado una vinculación de la trama con el rey Felipe VI ni con la reina Letizia.
Es el último capítulo de una larga relación del rey emérito con los tribunales españoles, que le forzó a retirarse a Arabia Saudí con el objetivo de evitar que los escándalos salpicasen también a su hijo. La Justicia todavía tiene que decidir qué decisión toma con la presunta trama de cobro de comisiones por la construcción del Ave a la Meca en 2012.
El Gobierno se había posicionado a favor de que el Emérito rindiera cuentas si la justicia acababa por requerirlo. La Ministra-portavoz, María Jesús Montero, ha asegurado que la Casa Real tiene «todos los elementos» para pronunciarse «si lo tiene a bien» sobre las distintas polémicas que afectan al Rey.