Janet Sanz y Eloi Badia, en el punto de mira de la justicia
Ada Colau se enfrenta a la segunda parte del mandato con varios frentes legales abiertos que afectan a personas de su estrecha confianza
Isidre Fainé con Ada Colau y la concejal barcelonesa Janet Sanz
Ada Colau afronta la segunda parte del mandato, la más importante dada su cercanía a las elecciones municipales de 2023, con varios frentes judiciales abiertos. En un momento clave para su continuidad al frente del consistorio barcelonés, varios concejales de su corporación tienen abiertos procesos judiciales o podrían tenerlos en un futuro, si prosperan las denuncias.
La mano derecha de Ada Colau es una de las más perjudicadas. La segunda teniente de alcaldía y concejal de Urbanismo, Janet Sanz, está imputada por presunta prevaricación, coacciones, omisión del deber de perseguir un delito y obstrucción a la justicia, como consecuencia de su negativa de entregar una licencia para construir un hotel en la casa Buenos Aires.
Las acusaciones contra Sanz residen en su negativa a conceder las licencias de obras necesarias para construir este tipo de establecimiento. En concreto, de derribo, de obras mayores y la adecuación de la vivienda en hotel. Este edificio no estaba protegido y estaba en el perímetro de exclusión de nuevas licencias en la capital catalana.
La mano derecha de Colau, frente a la justicia
Aunque en un principio no estaba claro si dimitiría, la concejal siguió en el cargo pese a las críticas. Sanz defendió su actuación, al asegurar que el veto al hotel y expropiación de la casa «se hizo en el marco de la legalidad y ajustado a derecho» con el objetivo de «proteger un ejemplo de arquitectura modernista de la ciudad».
El caso de Janet Sanz podría tener consecuencias nefastas para el equipo de Gobierno del ayuntamiento de Barcelona. La teniente de alcalde de Urbanismo es la mano derecha de la alcaldesa dentro del Ejecutivo, una de las potenciales sucesoras de Ada Colau cuando esta decida retirarse, aunque ya ha anunciado que optará a la reelección en 2023.
Otro de los concejales en el punto de mira es el de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia. El regidor responsable de la gestión de residuos el ayuntamiento está pendiente de una denuncia presentada a Fiscalía por la asociación Abogados Catalanes por la Constitución.
La denuncia en Fiscalía contra Eloi Badia
La asociación de juristas denunció ante la Fiscalía la presunta concesión de subvenciones a entidades vinculadas a Barcelona en Comú. El caso está en manos del Ministerio Público, y afecta a varios exconcejales y ediles actuales del ayuntamiento de Barcelona, entre los que se encuentra Eloi Badia.
Abogados Catalanes por la Constitución les atribuyen presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación malversación y tráfico de influencias. Las entidades a las que se refiere son el Observatori DESC, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y la asociación Enginyeria Sense Fronteres.
Pese a que la denuncia de Abogados sigue en el Ministerio Público, el Tribunal de Cuentas sí que archivó otra acusación contra la alcaldesa y su equipo de Gobierno por «adjudicar pequeños contratos a dedo» entre 2017 y 2020. Un escrito que había presentado el grupo municipal de Ciudadanos de la mano de Mariluz Guilarte.
El órgano judicial consideró que no se desprendían «indicios de responsabilidad contable» en los hechos denunciados por Ciudadanos. Además que en el acuerdo con las pruebas presentadas no se puede demostrar «dolo, imprudencia o negligencia» en relación al uso de fondos públicos.
